Los europeos se aferran al convenio

Hay una cifra que ilustra perfectamente por qué cambiar la negociación colectiva constituye la principal reforma laboral que se pueda acometer en España. El 80% de los trabajadores están amparados por el marco de los convenios, según datos de la OCDE. Y los convenios regulan materias clave como el salario, la jornada, la formación, la promoción interna y, en el mejor de los casos, los beneficios sociales. La cifra de cobertura está en la banda alta de los países industrializados, aunque queda por debajo de los 10 más garantistas del club de Estados ricos. La negociación colectiva está muy arraigada en la Europa continental (ver cuadro), mientras en Estados Unidos y Corea solo afecta al 10% de los asalariados.

La fuerza de los convenios viene reconocida en la propia Constitución. Pero no es una rareza española. Ocurre en otros países con elevado nivel de protección, como Italia, Bélgica y Portugal (de forma indirecta, también en Alemania existe un anclaje constitucional). De ese altísimo rango normativo derivan algunas contradicciones. Porque los convenios van más allá de un mero contrato; tienen fuerza de ley -y se publican en el Boletín Oficial del Estado-, hasta el punto de que algunos tribunales han fallado a favor del convenio cuando chocaba directamente con la ley.

Más excepcional resulta la extensión casi automática de lo pactado en convenio a la mayoría de trabajadores. Algo más de 10 países, entre ellos España, incluyen esa fórmula de representatividad, según la OCDE, aunque en otros, como Francia y Bélgica, se puede solicitar la extensión del paraguas del convenio. En algunos territorios, como Holanda, lo pactado solo vincula, en principio, a los afiliados, pero en la práctica se extiende al resto de empleados.

Los países nórdicos presentan el mayor nivel de eficacia sin necesidad de extender automáticamente lo firmado. Salvo en Finlandia, donde los convenios cubren al 90% de trabajadores, el resto de países nórdicos no contemplan la extensión generalizada y, sin embargo, la incidencia de la negociación colectiva es altísima (ver cuadro), probablemente por las altas tasas de afiliación sindical.

Muchos expertos atribuyen el proteccionismo español al momento en que empezó a fraguarse este marco legal, en plena Transición, cuando la función sindical -y patronal- comenzaba a despuntar. Por ello se otorgó a las organizaciones más representativas un papel que trasciende la propia afiliación y que garantiza unas condiciones de trabajo mínimas casi universales.

En general, cuanto más centralizado es el nivel de negociación, mayor resulta la incidencia en los asalariados. En Europa predomina el convenio sectorial. En España, aunque la ley no marca una preferencia, el marco sectorial de carácter nacional determina el rumbo del resto. "Pero en toda la Europa continental hay una tendencia a la empresarización del convenio", explica Miguel Ángel García Calavia, profesor de sociología de las relaciones laborales en la Universidad de Valencia. Este experto relativiza la altísima cobertura de convenios en España: "Es elevada formalmente, pero la aplicación práctica es muy inferior".

Los países con el convenio de empresa como principal referencia dejan fuera del abrigo de la negociación colectiva a la mayor parte de los trabajadores. En la Europa desarrollada, el principal ejemplo es Reino Unido, donde tampoco existe posibilidad de extender lo pactado a otros ámbitos.

Una de las principales lagunas en los convenios españoles es su falta de adaptación a situaciones excepcionales, como se ha comprobado en esta crisis. Un estudio del Instituto Europeo de Sindicatos (ETUI, por sus siglas en inglés) sobre la flexibilidad de la negociación colectiva cita hasta 12 países europeos que han empleado esas herramientas para hacer frente a las dificultades. España no figura entre ellos, en parte por rigideces en los convenios y en gran medida también por falta de cultura.