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Elecciones municipales y autonómicas

Lissavetzky acusa al alcalde de pedir la revisión del catastro para subir el IBI

El candidato llama hipócrita a Gallardón por proponer un impuesto progresivo

Elena G. Sevillano

Se avecina un "catastrazo, una gran subida del IBI", avisó ayer el candidato socialista a la alcaldía de Madrid, Jaime Lissavetzky. Los madrileños verán incrementado su recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles el año que viene porque el Ministerio de Economía y el Ayuntamiento de Madrid están en pleno proceso de actualización de los valores catastrales de los dos millones de viviendas, garajes, trasteros y locales de la capital. Y Lissavetzky asegura que esa actualización la ha propiciado el propio alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, para poder subir los impuestos. "Es facultativa, no obligatoria", precisó ayer. Es decir, que Madrid podría no haberla solicitado al ministerio. Por eso el candidato socialista calificó ayer de "cuando menos hipócrita", que Gallardón proponga un "IBI social", con bonificaciones para las rentas más bajas, y que pida "cambiar la ley para exculparse y culpar al Gobierno".

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La revisión catastral no es automática. De hecho, hay ciudades que llevan muchos años sin actualizar el valor de sus inmuebles, que suele equivaler a la mitad de su precio de mercado. Es el caso de Girona, que mantiene el mismo catastro desde los años noventa. Barcelona, Valencia y Murcia, por ejemplo, tampoco lo han solicitado, recordó ayer Lissavetzky. La Ley del Catastro afirma que "el procedimiento de valoración colectiva de bienes inmuebles de una misma clase podrá iniciarse de oficio o a instancia del Ayuntamiento". Y añade que esa revisión se realizará "a partir de los 10 años" desde la anterior valoración. En realidad, son siempre los consistorios los que hacen la petición y desde el Ministerio de Economía aseguran que el plazo de 10 años es "referencial".

Sin embargo, el Ayuntamiento de Madrid afirma que está cumpliendo la ley y que son las otras ciudades las que no lo hacen. De hecho, el pago del impuesto está diseñado para adaptarse a esos diez años. El incremento del IBI resultante de la actualización del catastro no se notará en el recibo de golpe. La subida se prorratea en 10 años, de manera que cada año se paga una décima parte del incremento del valor catastral.

Lissavetzky respondió a Gallardón un día después de que este pidiera al Gobierno que modifique la Ley de Haciendas Locales para permitir a los ayuntamientos aplicar bonificaciones al IBI a los colectivos con menos recursos económicos. "La pregunta que yo le hago al señor Gallardón es por qué, pudiendo hacer una aplicación social del IBI sin cambiar una coma de la ley, no lo ha hecho. El obstáculo no es la ley, sino la voluntad del alcalde". Según el candidato socialista, Gallardón podría haber utilizado la "compensación social potestativa vía gasto presupuestario", que permite devolver a colectivos como parados o pensionistas parte del IBI a posteriori, como si fuera una subvención. Málaga y Segovia lo hacen, añadió. El concejal de Hacienda, Juan Bravo, aseguró que son ciudades más pequeñas, y que es complicado gestionar ese reintegro en una ciudad de más de tres millones de habitantes.

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El candidato socialista también recordó que Gallardón, al llegar a la alcaldía en 2004, "anuló las bonificaciones que prevé la ley y que establecen la progresividad del impuesto en virtud del valor catastral de la vivienda". Es lo que se llama "bonificación potestativa", que se aplica los tres primeros años para aliviar el efecto de unas subidas que, en algún caso, podrían llegar a ser del 100%. Lissavetzky las aplicará, afirmó ayer. Y también establecerá compensaciones automáticas para colectivos desfavorecidos. "Congelaremos la presión fiscal, incluido el IBI", resumió. Y recordó una de sus promesas estrella: "Eliminaremos la tasa de basuras".

El pleno de ayer en el Ayuntamiento de Madrid en la plaza de la Villa.
El pleno de ayer en el Ayuntamiento de Madrid en la plaza de la Villa.CRISTÓBAL MANUEL

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Sobre la firma

Elena G. Sevillano
Es corresponsal de EL PAÍS en Alemania. Antes se ocupó de la información judicial y económica y formó parte del equipo de Investigación. Como especialista en sanidad, siguió la crisis del coronavirus y coescribió el libro Estado de Alarma (Península, 2020). Es licenciada en Traducción y en Periodismo por la UPF y máster de Periodismo UAM/El País.

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