Feijóo justifica que la Xunta no derribe pisos ilegales de promotoras vinculadas al PP
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, aseguró ayer que la Xunta respeta y dará cumplimiento a las sentencias firmes del Tribunal Superior de Xustiza que ilegalizaron 168 viviendas construidas junto al mar en Fisterra por promotoras vinculadas a cargos del PP. Y a renglón seguido, afirmó que su Gobierno no tiene previsto pedir la ejecución de los fallos en un litigio iniciado por el bipartito y que conllevarían la demolición de los edificios ilegales. Feijóo abraza así la interpretación de la Consellería de Medio Ambiente, según la cual sería suficiente con dotar de servicios a las urbanizaciones para legalizarlas.
Los seis fallos del Tribunal Superior de Xustiza declararon ilegales los seis edificios porque en el momento de recibir la licencia no contaban con infraestructuras básicas como el saneamiento. Subraya en sus diferentes sentencias que las fincas sobre las que edificaron las promotoras debieron haberse calificado como suelo rústico no consolidado y por tanto estar vedadas a las grúas de las constructoras. Los fallos dicen algo más: subrayan que la dotación de servicios a posteriori "es irrelevante a efectos de enjuiciar la conformidad a derecho de la licencia litigiosa".
De ahí que la licencia seguirá siendo ilegal por más que el Ayuntamiento dote ahora a la zona de infraestructuras básicas. Entre otras cosas, porque las promotoras además de no financiar servicios como el saneamiento en su momento también se ahorraron las cesiones de suelo para espacios públicos al Ayuntamiento equivalentes al 10% de la edificabilidad. Por más que el presidente repitió ayer que su Gobierno respetará la decisión de los tribunales, ni él ni el titular de Medio Ambiente, Agustín Hernández, han anunciado su intención de pedir la ejecución de la sentencia y el consiguiente derribo de las construcciones.
De hacerlo, la Xunta metería en un grave problema al alcalde popular de Fisterra, José Manuel Traba, responsable de haber concedido los permisos que servirián a las promotoras para exigir indemnizaciones millonarias al Ayuntamiento.
