Un dilatado proceso
Además de los problemas derivados de la intervención judicial, los dos fiscales del caso, el de Delitos Económicos y el de Antidroga pretenden llegar a acuerdos de conformidad con los abogados de los 31 procesados que se esperan largas y tediosas. Si reconocen el delito, podrían obtener una rebaja sustancial de la condena y evitar una vista oral que podría prolongarse durante semanas.
La mayoría se enfrentan a penas de cuatro a seis años de prisión por delito continuado de blanqueo de capitales como presuntos testaferros de José Antonio Pouso para el que solicitan la máxima condena y multa de 46,5 millones, al igual que su asesor, el abogado de Pontevedra Manuel Blanco Argibay. También serán juzgados dos directivos de la entidad Arte y Naturaleza, una empresa de inversión.
Pouso, de 51 años, fue detenido en 1993 en el marco de la Operación Santino y cuando tenía que ingresar en la cárcel para cumplir dos condenas por tráfico de drogas se fugó. En noviembre pasado volvió a repetir la misma aventura cuando fue puesto en libertad condicional, después de cumplir una condena de ocho años que tenía pendiente, en aplicación de la doctrina del Tribunal Constitucional sobre el doble cómputo de la prisión preventiva. La Policía Judicial emprendió su búsqueda en febrero pasado pero la única noticia que hay de Pelopincho es la denuncia que presentó su familia alertando de que podría haber sido víctima de un secuestro o asesinato. Los investigadores no descartan que la suerte del narcotraficante pudiera ser una argucia para librarse de la cárcel y de las deudas económicas.
