Cataluña exige más plazas docentes visto el trato dado a Andalucía

El acuerdo alcanzado el martes entre la Junta de Andalucía y el Ministerio de Economía para convocar oposiciones para 3.796 docentes ha enervado a Cataluña y Castilla y León. La Generalitat de Cataluña, que ofrece 1.245 plazas para las que Economía ha pedido en los juzgados la suspensión cautelar, reclama ahora aumentarlas: si se aplican los criterios que Economía ha admitido para Andalucía -no computar las plazas de interinos en las restricciones que marcan los Presupuestos Generales de Estado-, Cataluña puede ofrecer 2.580, sostiene el Departamento de Enseñanza catalán.

La Generalitat ha mostrado así su indignación por el conflicto abierto entre el Gobierno y varias comunidades (Cataluña, Castilla y León, Navarra, Extremadura, Baleares y Aragón) por las oposiciones para profesores de 2011: Economía considera que se saltan las restricciones marcadas en la Ley de Presupuestos. "Entendemos que ya no hay ningún motivo jurídico para suspender cautelarmente las pruebas", dijo la consejera catalana de Educación, Irene Rigau. "Podría haberse resuelto si nos trataran a todos igual. Estamos dolidos por el evidente trato desigual", añadió en referencia a la reunión que tiene prevista para la semana que viene con el Gobierno central para buscar una solución. El Ejecutivo también se reunirá con las demás comunidades.

El Gobierno negocia con las autonomías cuya oferta excede el límite legal

"No consentiremos que se nos discrimine", dice el consejero leonés

Castilla y León, que tiene recurridas sus oposiciones (ofrece 510 plazas), reclamó también al Gobierno que retire la acción judicial y se quejó de la diferencia de trato. "No lo entendemos, nuestros números de reposición de plazas de jubilación están claros, y nos recurren", dijo el consejero de Educación, Juan José Mateos, que afirmó que no va a "consentir la discriminación hacia el sistema educativo de Castilla y León". El último recurso presentado hasta ahora es contra la convocatoria en Navarra (132 plazas). Un portavoz de la comunidad dijo ayer que se va a intentar llegar a un acuerdo.

"Nuestra idea es ir una por una para aclarar los criterios que han podido seguir a la hora de realizar sus convocatorias y ver si podemos encontrar una solución como se encontró este martes para Andalucía", dijo ayer el ministro de Educación, Ángel Gabilondo, que añadió que, en cualquier caso, la interpretación legal corresponde a Economía. En los encuentros estarán presentes este ministerio y los de Política Territorial y Educación. Las primeras reuniones, entre hoy y mañana, serán con Aragón, Baleares y Extremadura, cuyas oposiciones tiene previsto recurrir el departamento de Elena Salgado, pero aún no lo ha hecho. En total, siguen pendientes de los recursos unas 2.590 plazas de las 8.700 que se ofrecerán este año en España.

Así, en plena campaña para las elecciones autonómicas y municipales, Gobierno y comunidades se han encontrado con este conflicto que afecta a miles de opositores (unos 30.000 en las autonomías amenazadas por los recursos) y que, según los sindicatos, puede acabar mermando la calidad de una educación que aún tiene muchos problemas por resolver. España lleva toda la década estancada en unos resultados mediocres en el informe Pisa de la OCDE (que mide los conocimientos de los alumnos de medio centenar de países en lectura, matemáticas y ciencias) y con un abandono escolar temprano en torno al 30%, el doble de la media europea. Además, el de la oferta docente no es el único recorte que está soportando por la crisis el maltrecho sistema educativo, que ha perdido este año unos 1.800 millones de gasto público. Este recorte corresponde sobre todo a la bajada del 5% de sueldo a los profesores. Es decir, peores condiciones laborales en general para los docentes que son, según distintos estudios, el pilar para mejorar la educación.

Así, en unas oposiciones ya recortadas (cinco comunidades no celebrarán exámenes docentes por las restricciones) el desconcierto ha surgido en torno a la tasa de reposición de docentes (el porcentaje de jubilaciones que se puede cubrir), del 30%, según la Ley de Presupuestos. Los conceptos que engloba esta tasa no están detallados en ningún documento oficial, señala el Gobierno catalán. Economía exige que esa tasa se calcule exclusivamente con las jubilaciones del último año, con lo que la Generalitat solo podría ofrecer 430 plazas. Las 1.245 ofrecidas en Cataluña incluyen además bajas y defunciones. Las acordadas con Andalucía incluyen la consolidación de personal interino recogida en el Estatuto Básico del Empleado Público.

"Celebramos que el acuerdo con la Junta permita aplicar unos criterios que desencallen el problema en Cataluña", agradeció con sorna la consejera de Enseñanza, Irene Rigau (CiU). Aplicando el mismo criterio que Andalucía, Rigau sostuvo que Cataluña puede ofrecer 2.145 plazas en concepto de consolidación de personal y otras 435 por la jubilación de docentes -amplía en cinco plazas las calculadas por Economía-. Así, la Generalitat alegará al Tribunal de Justicia Superior de Cataluña que el recurso del ministerio "no tiene sentido". Y exigirá ampliar las plazas ofrecidas en la reunión programada para la próxima semana con el Gobierno. A diferencia de Andalucía, Economía interpuso sin previo aviso los recursos contra Cataluña, Navarra, Castilla y León.

Con información de Manuel Planelles y J. A. Aunión.