Decenas de trabajadores denuncian a la Generalitat por echarlos "sin motivos objetivos"
La Agencia de la Vivienda de Cataluña despidió entre los meses de enero y febrero a 17 trabajadores laborales, la mayoría de los cuales habían sido contratados durante la etapa del tripartito. No se trata de personal eventual ni temporales al que no se le renovase el contrato, aseguran los afectados, que conforman, junto a otros en situación similar la Plataforma de Despedidos de la Generalitat. En la carta de despido de uno de ellos, la agencia apela a las "medidas de contención del gasto público", a la "obligación de reducir en un 6% el gasto de personal" y al "sobredimensionamiento" para justificar las bajas.
Los integrantes de la plataforma aseguran que detrás de los despidos "hay motivos ideológicos", ya que todos ellos habían sido contratados en 2004 y la mayoría eran cercanos a ICV, el partido del anterior consejero de Medio Ambiente y Vivienda, Francesc Baltasar. Neus Estela, hasta abril jefa de comunicación de la agencia, asegura: "Están en su derecho de tener ideología y eso no puede ser nunca un motivo para el despido, teniendo en cuenta que no somos cargos de confianza". Estela, de 55 años, está ahora en el paro y sus perspectivas laborales "no pintan nada bien", porque la han despedido "en una edad en que es muy difícil volver a encontrar trabajo".
En una situación similar se encuentra Montserrat de Torres, quien, con 56 años, está convencida de que le han "arruinado la vida laboral". Fue la jefa de remodelación de barrios y confiesa que no tiene "ninguna esperanza de volver a encontrar trabajo". De acuerdo con De Torres, a muchos de los despedidos les ha quedado la sensación de que el gobierno de CiU ha "vuelto a casa" y se ha encontrado con trabajadores "que no eran de los suyos", y ha hecho lo posible "por acabar con cualquiera que fuera sospechoso".
Algunos de los despedidos de la agencia argumentan que es imposible conocer con "objetividad", tal como apunta la dirección en las cartas de despido, el sobredimensionamiento de la entidad, dado que "el organigrama laboral aún está pendiente de aprobación".
La plataforma denuncia, además, que en los despidos la constante es "la destrucción sistemática de puestos de trabajo" poniendo como criterio "argumentos mercantilistas que poco tienen que ver con la prestación de un servicio público". Y asegura que aunque el Gobierno decida dejar de potenciar las políticas de vivienda, "debería, por responsabilidad, reubicar a los trabajadores".
Aseguran que no solo la agencia ha despedido a laborales. El Instituto Catalán del Suelo (Incasòl) redujo su plantilla en 22 personas en marzo. Además, en los últimos meses ha habido despedidos en Regsa y otras empresas de titularidad pública. Uno de ellos, David Companyón, había trabajado 26 años en la Generalitat, también en la época de Pujol, aunque es subregidor por Iniciativa en Gràcia. Según afirma, los despidos en Incasòl han afectado "a todo tipo de personas" y "parecen aleatorios, como para hacer que los que se quedan teman por su puesto".
Companyón empezó trabajando hace 21 años en la extinta Adigsa y le concedieron una excedencia para que se incorporara a Incasòl, donde era jefe de comunicación. Ahora, después de su despido, le han denegado la incorporación a la agencia, el equivalente actual de Adigsa. "Nunca me habría podido imaginar una empresa pública haciendo algo así después de una excedencia forzada", asegura.
