Las pérdidas por la crisis del pepino llegan a 20 millones
Los agricultores exigen al Gobierno ayudas extraordinarias
El campo valenciano y las industrias auxiliares para la exportación de frutas y hortalizas habrían perdido en torno a 20 millones de euros en una sola semana a raíz del señalamiento infundado del pepino español como responsable del brote infeccioso de la bacteria E. coli, una acusación que partió de las autoridades regionales de Sanidad de Hamburgo, en el norte de Alemania.
Maritina Hernández, consejera de Agricultura de la Generalitat, convocó ayer a responsables y ejecutivos del sector agroalimentario para estimar los daños y analizar fórmulas para paliarlos.
"No podemos esperar a que la Unión Europea ponga en marcha ningún mecanismo porque ha demostrado con esta crisis que no es ágil, que no es rápida y no da respuesta a problemas de un Estado miembro que requiere y merece esa respuesta ágil y rápida", sentenció Hernández.
La consejera de Agricultura instó al Ministerio de Medio Ambiente a retirar las producciones que no se van a comercializar "al precio del mercado que había antes de la crisis" y a poner en marcha "de forma inmediata" campañas para restituir "la confianza del consumidor" en estos productos.
Hernández pidió al Gobierno central una "reacción inmediata" ante las autoridades europeas para que se revisen los sistemas de alerta actuales y para ser "muy exigentes en la petición de presupuestos extraordinarios que permitan paliar el impacto de estas pérdidas".
Cristóbal Aguado, presidente de la Asociación Valenciana de Agricultores, exigió al Gobierno que adelante "el pago de la factura de los daños y comience a aplicar en toda Europa una campaña de recuperación de imagen de los productos hortofrutícolas españoles".
Ramón Mampel, secretario general de la Unió de Llauradors, pidió, además, una campaña "para recuperar la dignidad del producto", aunque concedió que "será complicado".
Cirilo Arnandis, presidente de las Cooperativas Agroalimentarias, apostó por "limpiar la imagen de España" y aclarar que "no es una alarma alimentaria sino sanitaria".
