Un órgano acorde con el modelo europeo
Nuestro Tribunal Constitucional (TC) se compone de 12 miembros nombrados por el Rey: cuatro a propuesta del Congreso, cuatro a propuesta del Senado (los ocho por mayoría de tres quintos), dos a propuesta del Gobierno y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. Los miembros del tribunal se designan por nueve años y se renuevan por terceras partes cada tres años. Las cuatro vacantes actuales corresponden al Congreso y no al Gobierno. El TC está en consonancia con el modelo europeo y nada tiene que ver con el modelo anglosajón o americano, de elección vitalicia de sus miembros. A algunos les atrae bastante lo vitalicio, también en el ámbito penal... No es nuestra posición.
El problema de politización del TC no está en el sistema de elección de sus miembros, sino en el uso abusivo del recurso de inconstitucionalidad que continuamente viene interponiendo el PP cuando está en la oposición, contra leyes que desarrollan el Estado autonómico y que reconocen derechos y libertades... El intérprete de la Constitución debe velar por la protección de los principios y derechos que esta recoge y no por los que el PP entiende que debe recoger. Por eso a la derecha española no le gusta el Constitucional, que ha prestado un gran servicio a nuestro país consolidando derechos y libertades de los ciudadanos.
En la situación actual, el PP pretende rebajar notablemente la cualificación que han tenido siempre los miembros del tribunal con alguna de sus propuestas de nombramiento, difícilmente asumibles más allá del perfil ideológico. Dicho esto, lo cierto es que debemos apostar por la implantación de mecanismos que limiten y eviten los intentos de obstrucción política que a veces se practican en la renovación de órganos de relevancia constitucional; mecanismos que ya existen en algunos países de nuestro entorno.
Julio Villarrubia es portavoz socialista en la Comisión de Justicia del Congreso.
