Las familias de las víctimas de Castelldefels, a la espera de la justicia

Un año después de la tragedia del apeadero de Castelldefels Platja, los familiares de las víctimas siguen a la espera de que la justicia aclare lo que sucedió en la noche de la verbena de Sant Joan. En el accidente fallecieron 12 personas, todas de origen extranjero, al ser arrolladas mientras cruzaban las vías por un tren Alaris que se dirigía de Madrid a Barcelona. Otras 17 resultaron heridas, diez de gravedad.

Las familias sostienen que el accidente no se produjo solo por la imprudencia de los viajeros, que no utilizaron el paso subterráneo, sino también por la falta de un dispositivo de seguridad en la estación que, creen, se vio desbordada por la gran afluencia de personas que se dirigían a la playa para la tradicional celebración estival. También denuncian el incumplimiento de la Generalitat: "No hemos recibido ayuda psicológica", aseguran algunas familias.

Nuevos testimonios

La causa fue reabierta en enero por orden de la Audiencia de Barcelona, que apreció errores de forma en el proceso. En julio pasado, apenas un mes después del accidente, el juez archivó el caso tras concluir que la imprudencia fue la única causa de las muertes. "Una investigación que a Adif le tomó seis meses y a Renfe, ocho, el juzgado de Gavà la hizo en un mes", dicen Andreu van den Eynde y Libri Ahumada, abogados de varios familiares.

Los letrados denuncian que el juez no escuchó a ninguno de los supervivientes del accidente. En la primera vista tras la reapertura del caso, el próximo 14 de julio, comparecerán cinco de ellos. En la brevísima investigación judicial solo testificaron los conductores del Rodalies donde viajaban las víctimas antes del accidente, el del Alaris, dos policías locales, un vecino y dos pasajeros.

Van Den Eynde y Ahumada creen que los operadores ferroviarios tienen parte de al responsabilidad en el accidente. Para ello apelan a una sentencia de la Audiencia de Barcelona dictada este año y que hace responsable civil subsidiario al Metro de Barcelona por un homicidio ocurrido en 2009 en la estación Avenida Carrilet. El tribunal concluyó que la noche del crimen no había ningún vigilante de seguridad, por lo que la empresa infringió "su deber de velar por la seguridad de los viajeros".Las familias de las víctimas de Castelldefels también critican que Adif, en su informe sobre el accidente, no haga ninguna recomendación sobre cómo evitar nuevos incidentes. El documento, del 31 de enero, establece como única causa que "un numeroso grupo de viajeros" invadió la vía, "cruzando por un lugar no autorizado y sin percatarse de la llegada del tren". Los abogados también solicitan conocer un vídeo del accidente, al que supuestamente hace referencia la investigación interna de Renfe.

El informe de Adif destaca que la estación cumplía con todos los requisitos de seguridad y señalización. En dicho apeadero Fomento invirtió 1,4 millones de euros para la ampliación de andenes y la puesta en servicio del paso inferior, que llevó a la clausura de la plataforma elevada, remarca un portavoz de Adif. El cambio en el lugar de paso fue una de las razones que desconcertó a los viajeros el día de la tragedia, según explicaron los testigos.

El apartado de recomendaciones aparece vacío, aunque con una nota al pie donde se explica que se remite a la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias información sobre elementos de seguridad usados en otros países europeos, "a fin de que analice la factibilidad de implantarlas en estaciones conflictivas de la red". El portavoz del operador ferroviario explica que la mejora de 53 estaciones de la línea R-2 hasta Sant Vicenç de Calders se está cumpliendo con normalidad dentro del plan de 125 millones en inversiones previsto hasta 2012.

Según datos de la empresa, en lo que va del año se ha amonestado a "unas 500 personas" por cruzar las vías por sitios no autorizados en toda Cataluña. Según los datos oficiales, esta cifra llegó a los 1.000 en 2010. Adif no multa a los infractores, sino que los denuncia ante la Subdelegación del Gobierno, que procede a realizar el cobro. "Hacemos un llamamiento a la responsabilidad de los ciudadanos", apostilló el portavoz.

Adif colaboró con el Departamento de Interior de la Generalitat en la edición de una guía para asesorar a los Ayuntamientos sobre cómo organizar de forma segura actividades por Sant Joan en zonas próximas a vías de tren. Precisamente esta mañana el consejero Felip Puig presenta el dispositivo de seguridad para la fiesta. Los familiares miran con recelo la actitud de las autoridades. "Si es tan segura la estación y tan clara la señalización como dicen ¿por qué ahora hay dispositivos?", se preguntan.

Los abogados, por pronto, se enfrentan a un problema extrajudicial. Algunos de los supervivientes están regresando a sus países. Este es el caso del hermano de Diego Chamorro, que falleció en Sant Joan. "No aguantó", recuerda Eidy Ayala, madre de otro de los muertos.