Límite polémico
El Consejo de Ministros decidió ayer levantar la prohibición de circular a más de 110 kilómetros por hora y volver a fijar la limitación máxima en 120 kilómetros. Es muy probable que en la decisión haya pesado la probabilidad de que baje el precio del petróleo y de los carburantes como consecuencia de la liberación de las reservas estratégicas de petróleo (60 millones de barriles) decidida por la Agencia Internacional de la Energía (AIE). El problema de la limitación de la velocidad es más complejo de lo que a primera vista parece y exige, al menos, una reflexión pública que el Gobierno debería incentivar.
Los beneficios de la limitación de la velocidad son, en términos generales, la disminución de los accidentes de tráfico y el descenso en el consumo de carburantes. Hay que recordar que la limitación a 110 kilómetros se adoptó para bajar el consumo de combustibles en un periodo de notable encarecimiento del petróleo. El Gobierno sostiene que se han ahorrado unos 200 millones con la medida; pero debería precisar si el ahorro es consecuencia de la rebaja de la velocidad media o de la reducción del tráfico originada por la crisis.
Pero, siendo evidentes los beneficios, el Gobierno no ha mencionado los costes. Puesto que el levantamiento de la prohibición a 110 kilómetros ha suscitado polémica (muchos creen que debería mantenerse), Industria tendría que detallar con exactitud en una memoria económica (en esta y en cualquier otra medida de este tipo) cuáles son los beneficios y los costes para que los ciudadanos sepan a qué atenerse.
El tráfico no puede gestionarse solo con la variable velocidad. Para ahorrar combustible y reducir los daños personales cuentan también variables como la discriminación del límite de velocidad en función de las vías, la calidad tecnológica de los automóviles (el parque automovilístico está envejeciendo alarmantemente) y la destreza de los conductores. Sobre esos factores tiene también responsabilidad el Ejecutivo.
