Duelo de togas en el juicio de DSK
El abogado de la denunciante de Strauss-Kahn declara la guerra al fiscal de Manhattan por no apuntalar el caso
Cyrus Vance es un super lawyer, es decir, su nombre brilla en la lista que anualmente elabora la reputada revista Super Lawyers (Superabogados) con los mejores letrados en el ejercicio de la profesión en Estados Unidos. Pero Vance, el fiscal del distrito de Manhattan, de 57 años, conocido mundialmente por haberse atrevido a arrestar por intento de violación a un hombre cuyo cargo encarnaba el poder con mayúsculas, pronto podría cambiar de condición y pasar a engrosar las filas de los superfracasados.
El caso abierto por Vance contra Dominique Strauss-Kahn (DSK), entonces director del Fondo Monetario Internacional (FMI) y potencial aspirante a la presidencia de Francia hasta que una limpiadora de un hotel neoyorquino le acusó de intento de violación el pasado mayo, ha comenzado a tambalearse. Hace 10 días, el propio fiscal se vio obligado a dejar en libertad a Strauss-Kahn al reconocer la falta de credibilidad de la víctima.
Thompson forjó su carrera en casos de discriminación racial y sexual
Para Vance puede ser el fin, pero al letrado siempre le queda la vía civil
El defensor pide al fiscal que se retire por "dañar" la imagen de su cliente
La carrera del jefe de la fiscalía pende de un hilo al perder tres grandes juicios
La denunciante, una inmigrante guineana de 32 años, ha confesado haber mentido en el pasado para conseguir asilo político en Estados Unidos y, por tanto, difícilmente resistiría un interrogatorio en un juicio criminal. Y al margen de que sus acusaciones contra el político francés sean ciertas o no, cuando se trata de un proceso emprendido por la fiscalía, es necesario demostrar que se ha cometido un crimen sin que exista ningún género de duda, algo que sin embargo no es así ante un caso de responsabilidad civil, donde la acusación solo tiene que convencer a un jurado de que al menos hubo evidencias que llevan a pensar que el acusado cometió un delito.
Los tribunales estadounidenses han sido testigos de situaciones similares con anterioridad: el fiscal que llevó a juicio a O. J. Simpson por el supuesto asesinato de su exmujer y de su amigo Ronald Goodman vio cómo el exjugador de fútbol americano salía triunfal del juicio criminal, aunque después Simpson no se libró de tener que indemnizar a los familiares de las víctimas en un juicio por responsabilidad civil.
Los fiscales de distrito, elegidos en elecciones populares, no se juegan fácilmente sus carreras. Y hoy la de Vance pende de un hilo. Y no solo por este revés. Su equipo ha perdido recientemente tres importantes casos: uno por la muerte de dos bomberos en el desmantelamiento de un edificio de la zona cero del 11-S, otro contra dos policías acusados de violación que finalmente fueron absueltos, y un tercero que no llegó a los tribunales porque un gran jurado no encontró suficientes pruebas contra dos hombres que supuestamente conspiraron para dinamitar una sinagoga.
De momento Vance mantiene todos los cargos contra DSK, pero sigue siendo una incógnita si podrá seguir adelante con el caso y parece que todo se decidirá el próximo 18 de julio, cuando está previsto una nueva comparecencia ante el juez. Pero para un fiscal como él, hijo de Cyrus R. Vance, exsecretario de Estado de Jimmy Carter, y con una carrera fulgurante forjada en despachos privados y cargos públicos, hay una línea roja. Emprender acciones legales de semejantes consecuencias para el acusado -Strauss-Kahn tuvo que renunciar a su puesto en el FMI y, al parecer, también a sus aspiraciones presidenciales- y tener que dar marcha atrás, como se especula desde hace días en el ámbito jurídico, es un error que se puede pagar muy caro.
Contra él además se ha alzado la voz de otro superabogado, el letrado de la denunciante, Kenneth Thompson, quien el pasado miércoles exigía por carta a Vance que se retirara del caso y nombrara un fiscal especial. Le acusaba de dañar la imagen de su defendida al haber filtrado a la prensa informaciones sobre la debilidad de sus testimonios. "Los neoyorquinos tienen derecho a una fiscalía imparcial en un caso tan importante", proclamaba. Además, Thompson reiteraba que las pruebas de ADN y los daños físicos de la víctima recogidos en el informe forense son más que suficientes para sostener el caso.
Él lo sabe bien: hace una década Thompson fue precisamente el encargado de dirigir la acusación contra dos policías acusados de agredir y sodomizar en una comisaría a un inmigrante haitiano. Entonces era ayudante del fiscal del distrito Este de Nueva York y su defendido, Abner Louima, también mintió durante la acusación, inventándose una frase supuestamente proclamada por los policías durante el ataque que resultó no ser cierta: "esto es el reino de Giuliani", en referencia a la dureza policial alentada durante el mandato de entonces alcalde de Nueva York. Aquello fue muy polémico e hizo dudar de la credibilidad de la víctima. Aun así, Thompson consiguió ganar el juicio.
La realidad es que el caso de Strauss-Kahn y el de aquellos dos policías de Brooklyn no tiene mucho que ver. Y además, el político francés ya ha dejado claro que no tiene ninguna intención de reconocer ninguna acusación y sostiene que la relación sexual con la camarera del hotel fue consentida.
Thompson, de raza negra, hoy en una empresa privada especializada en casos criminales y de discriminación racial, acabó con la carrera de David Johnson, ayudante del exgobernador de Nueva York David Patterson, al acusarle de agredir sexualmente a su novia y arrancarle una jugosa indemnización. También representa a un grupo de mujeres que han denunciado a Citibank por discriminación sexual.
La guerra entre él y Vance está abierta. Y haga lo que haga el fiscal, Thompson se perfila como el ganador de la batalla puesto que, si la fiscalía se retira, a él siempre le quedará la vía civil. Y a Vance, en cambio, un duro camino para reconstruir su reputación.
