27.000 firmas para tirar el Algarrobico

Greenpeace llevó ayer hasta La Moncloa su protesta contra el hotel ilegal en la playa almeriense del Algarrobico. Una docena de miembros del grupo ecologista se presentó en la sede de la Presidencia del Gobierno una carta respaldada por 27.000 firmas para exigir la demolición del inmueble, una mole de 21 pisos a 50 metros del mar en pleno parque natural del Cabo de Gata-Níjar.

El próximo 21 de septiembre, según los ecologistas, el Tribunal Supremo emitirá una sentencia en la que presumiblemente ratificará la ilegalidad del inmueble decretada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía el pasado octubre. Los conservacionistas pretenden que para esa fecha el Gobierno y la Junta se hayan puesto de acuerdo para ejecutar el derribo del polémico hotel. "Hoy termina la cuenta atrás para la credibilidad ambiental del Gobierno de España y la Junta de Andalucía. El Ejecutivo debería anunciar hoy que va a ratificar por escrito un acuerdo entre ambas administraciones para cofinanciar la demolición del hotel", declaró la responsable de la campaña de Costas de Greenpeace, Pilar Marcos.

Los ecologistas abandonan el hotel tras el encierro que iniciaron el lunes

El portavoz del Ejecutivo, José Blanco, afirmó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros se limitó a afirmar que el Gobierno actuará sobre el hotel "en aplicación de la Ley". Esta semana el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, que dirige Rosa Aguilar, se comprometió a financiar parte del derribo del inmueble. "Queremos que el hotel El Algarrobico desaparezca", declaró por su parte el consejero de Medio Ambiente de la Junta, José Juan Díaz Trillo.

"El Ministerio está esperando a que salgan las sentencias pendientes, ya que no podrían meter una máquina porque el juez la podría parar", afirmó a Efe Julio Barea, uno de los representantes de Greenpeace que acudieron a Moncloa. Los activistas se encerraron el pasado lunes en las instalaciones del hotel, propiedad de la promotora Azata del Sol. Ayer a primera hora, cuando sus compañeros acudían con sus reivindicaciones a La Moncloa, abandonaron el encierro.

El hotel del Algarrobico, símbolo de la destrucción del litoral ha sido objeto de una fuerte controversia administrativa. En 1994, la Junta de Andalucía publicó el primer Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del parque natural del Cabo de Gata. En la cartografía de este plan se especificaba que los terrenos donde se asienta el hotel no eran urbanizables. Sin embargo, en 1997, la Consejería de Obras Públicas, sin mediar expediente ni información pública alguna modificó los planos para que la parcela figurara como urbanizable. Con esta nueva clasificación Azata del Sol solicitó en 2001 y obtuvo en 2003 la licencia de obras para construir el hotel de manos del alcalde de Carboneras, Cristóbal Fernández, del PSOE. La Junta insistió durante años en la legalidad del hotel, sin embargo, los ecologistas lograron un aluvión de sentencias y resoluciones judiciales contra el establecimiento. El alcalde de Carboneras trató de modificar el planeamiento urbanístico para permitir la mole, pero finalmente la justicia frustró su objetivo.