Berlusconi inicia el trámite para el déficit cero en la Constitución
"No se trata de un mero criterio contable, sino de un principio de altísima intensidad política y cívica". Parecía satisfecho, ayer, el titular de Economía italiano, Giulio Tremonti, comentando la aprobación por parte del Consejo de Ministros del diseño de ley que introduce en la Constitución la obligación al equilibrio presupuestario. Tras haber renunciado, presionado por el presidente Silvio Berlusconi, a muchas de las medidas que había orquestado para alcanzar el déficit cero en 2013, pudo por fin anunciar el avance de un texto que coagula el apoyo unánime de la mayoría. La regla de oro entrará en vigor en 2014, pero antes debe pasar por un largo trámite parlamentario, de al menos seis meses, ya que los cambios en la Carta Magna requieren dos turnos de lectura y voto en ambas Cámaras.
Como ya hizo Madrid, Roma intenta dar señales responsables a los mercados. Y sobre todo, tras haber vacilado hasta ahora, pisa el acelerador: el miércoles, en un solo día gracias a la moción de confianza, el Senado aprobó un plan de ajuste de 54.000 millones de euros. Ayer el Gabinete dio otra muestra de querer cumplir con las tareas de la Unión: disciplinar sus cuentas y frenar la escalada de la deuda.
"El presupuesto del Estado", se lee en el texto elaborado por el Consejo de Ministros, "respeta el equilibrio entre ingresos y gastos. No se puede consentir el recurso al endeudamiento, salvo en las situaciones de ciclo económico adverso o por un estado de necesidad que no puede ser sostenido con las normales decisiones de presupuesto". El "estado de necesidad" que permitiría hacer una excepción a la regla deberá declararse en las Cámaras y votarse con mayoría absoluta.
Fin a las provincias
El Ejecutivo elaboró también otra reforma constitucional por la que se disuelven todas las provincias. Ya no desaparecerán solo las pequeñas (con menos de 300.000 habitantes o 3.000 kilómetros cuadrados) como preveía la primera versión del plan de ajuste. El Gabinete va a abolir estas instituciones, que cada año cuestan al Estado unos 100 millones de euros. Las competencias provinciales se trasladan a las regiones.
Estas van a exigir más financiación a cambio de más trabajo: no se puede dar por seguro que las arcas públicas salgan ganando. No hay noticia de la tercera modificación constitucional que se esperaba del Consejo: la que recorta en la mitad el número de diputados y senadores.
