Las infraestructuras sufren de nuevo el mayor recorte

El Gobierno gallego deberá apañárselas este año con 1.282 millones de euros menos que en 2010, una caída del 11,8%, y del 15% si se compara con las últimas cuentas que manejó el bipartito. La Xunta lo sabía desde hace un año -porque ya entonces el Ministerio de Economía avisó de que no transferiría hasta 2013 los 243 millones que le corresponden a Galicia por el fondo de cooperacion en este ejercicio- pero prefirió ejecutar los recortes en dos tandas.

Así que en otoño aplicará un nuevo tijeretazo. El Gobierno gallego resta 103 millones de todas las consellerías y emite deuda (que no computará como déficit) por 114 millones. Los 26 que faltan hasta completar los 243 saldrán (o eso espera la titular de Facenda, Marta Fernández Curras) de la recaudación del nuevo impuesto sobre el juego que estableció el Gobierno central y empezará a cobrar en octubre, de un par de convenios con el Estado en materia de Medio Rural y de Sanidad, y de partidas de subvenciones que no tuvieron éxito entre los demandantes.

Ningún departamento explicó dónde aplicará el ahorro

Facenda ultima el pleito en el Constitucional contra el Gobierno

El propio presidente, Alberto Núñez Feijóo, ha insistido en las últimas semanas en que su gabinente preservará el gasto social en este nuevo ajuste, tesis que aún esgrimió ayer la conselleira de Facenda. En términos porcentuales es así: los departamentos de Sanidade y Educación pierden ahora un 0,4% de sus fondos, bastante menos que la media de las consellerías, que caen un 3%. Eso no evita que se dejen casi 23 millones en total (14,2 en sanidad, y 8,7 más en la rama educativa). Traballo y Benestar deberá meter la tijera para suprimir 17,8 millones sin que sus responsables hayan desglosado qué parte corresponde a políticas activas de empleo y cuál a servicios asistenciales. Fue la titular de Facenda quien pronosticó que "se blindará" el complemento de las pensiones no contributivas, la renta de integración social, las ayudas a ayuntamientos para centros de día, la dependencia y las subvenciones a discapacitados.

Casi ninguna consellería quiso explicitar ayer dónde centrará su plan de ahorro, así que fue Currás quien anticipó la filosofía del Gobierno. Aclaró que en la de Educación "no se tocarán" los capítulos detinados a transporte, ni a comedores, ni la financiación de universidades, ni el decreto de plurilingüismo, ni la formación del profesorado, ni las ayudas a la investigación. La tijera obligará a aplazar obras de reparación en colegios, así que según Facenda "se mantiene la calidad educativa".

Con su habitual oscurantismo, la consellería de Pilar Farjas también declinó detallar a este periódico los pormenores de su ajuste de 14,2 millones en la sanidad pública. El gabinete de comunicación dijo desconocer incluso "los datos concretos del recorte" y desvío cualquier explicación al departamento de Facenda. A tenor de lo que explicó Currás, quedarán a resguardo del recorte "el gasto farmacéutico, los programas de vacunación y salud mental, la coordinación de trasplantes y los equipos de atención primaria". Defendió que perderán fondos "los servicios que aportan menos valor" y algunas inversiones en tecnología que no hayan sido iniciadas. Preguntada sobre qué servicios aportan menor valor en la sanidad, la conselleira de Facenda titubeó primero y luego afirmó que se trata de concentrar servicios en algunos centros para ganar eficiencia. Nadie del gabinete de Farjas quiso ampliar esta explicación.

Como ya sucedió cuando se presentaron las cuentas, el principal damnificado vuelve a ser el departamento de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas que preside Agustín Hernández. Más que caer, se desploma, se mire como se mire. En términos porcentuales, un 5%, en dinero contante, 30 millones de euros. De dónde van a salir es otro de los misterios que ayer dejaron en el aire los distintos gabinetes de prensa de la Xunta. Si bien, un portavoz oficial de este departamento aseguró que Hernández aún está haciendo números. Su idea es respetar los capítulos dedicados a saneamiento, seguridad vial, supresión de peajes, y planeamiento urbanístico. El calendario de obras será replanteado, tendrán prioridad las de titularidad de la Xunta, las que están en marcha, y se castigarán las inversiones conjuntas con la Administración local, ya sean ayuntamientos o diputaciones. En los próximos días, Hernández se compromete a detallarlo todo en una comparecencia pública.

La cartera de Cultura, en manos de Roberto Varela, también tendrá que echar cuentas para arreglárselas con un 5% menos de fondos y renunciar a siete millones. Se retraerán del epígrafe de nuevos equipamientos culturales e infraestructuras. No habrá fondos para nuevos proyectos, aunque "se tratará de mantener" los que ya se encuentran en marcha. Las subvenciones "ya concedidas" tampoco sufrirán modificaciones y obviamente el Teatro Obradoiro y el Centro de Arte Internacional, los edificios por concluir en la Cidade da Cultura, aguardarán tiempos mejores, informa Daniel Salgado.

La comparecencia de la responsable de Facenda sirvió también para conocer que, pese al adelanto electoral, la Xunta presentará antes de que acabe el mes el recurso de inconstitucionalidad contra el Gobierno central por un supuesto incumplimiento del sistema de financiación. El Gobierno gallego le reclamará en los tribunales 805 millones de euros. Currás también aprovechó para pronunciarse sobre el impuesto de patrimonio que el Ejecutivo de Madrid tiene previsto reinstaurar ahora que agoniza su mandato. La conselleira hizo ver que con sus progresivas deducciones el tributo había quedado descafeinado y recalcó que desde su desaparición Galicia está siendo compensada por lo que deja de recaudar.