Hacia un pacto social para evitar la discriminación
Desde conseguir un trabajo hasta el acceso a recursos sociales como una residencia de mayores. El día a día de las 150.000 personas con VIH que viven en España está lleno de situaciones en las que su estado serológico es fuente de discriminación. En la situación actual en España, en que la parte propiamente sanitaria del abordaje de la infección -o de su peor consecuencia, el sida- está muy protocolizado, son esos otros aspectos los que muchas veces preocupan más a los afectados.
Para combatir estas situaciones de discriminación, el Plan Nacional sobre el Sida está liderando la elaboración de un Pacto Social por la no Discriminación, que abarque desde el ámbito laboral al educativo, el asistencial e incluso el personal. En el texto, que se ultima en estos momentos, han participado las mayores ONG del sector (Cesida, RedVIH entre otras), sindicatos (CC OO, UGT), patronales (Pimec, CEOE), expertos en derecho y EL PAÍS.
Uno de los aspectos en que se insiste es en el propio entorno sanitario, con situaciones como la falta de confidencialidad en el entorno hospitalario o la arbitraria medida tomada a veces de relegar a las personas con VIH al último lugar en cada turno de las intervenciones quirúrgicas. La profilaxis posexposición no ocupacional (la PPNEO, dar medicación a quien ha tenido una relación desprotegida con riesgo de haberse infectado) estaba en el documento original, pero se entendió que los casos en que se había negado el tratamiento obedecen más a una mala información que a una actitud discriminatoria.
La idea del pacto es que pueda ser suscrito por la mayor cantidad de agentes sociales posible. Porque en los 30 años desde el inicio de la expansión del VIH la situación ha cambiado mucho, y el buen control médico de la mayoría de los afectados hace que estos busquen una vida lo más normalizada posible.
