Una reivindicación "irrenunciable"
La competencia del río generó un intenso debate en la reforma del Estatuto
La inclusión de la competencia "exclusiva" de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en la reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía fue uno de los temas que más controversia generó en el PSOE entre los llamados federales, los andaluces y el Ministerio de Medio Ambiente. Los que participaron en las reuniones previas antes de que la proposición de ley de reforma entrara en el Congreso de los Diputados en septiembre de 2006 recuerdan broncas enormes con la entonces ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, quien rechazaba de plano introducir un artículo que, en su opinión, rompía la unidad de cuenca.
Esas reuniones se celebraban en uno de los despachos del grupo socialista en el Congreso y en algunas de ellas, Narbona y sus técnicos desplegaban enormes mapas para explicar su oposición. La ministra no quería ningún artículo sobre la cuenca del Guadalquivir, pero esa reivindicación era "irrenunciable" para los socialistas andaluces, como dejó dicho en muchas ocasiones el entonces presidente de la Junta y hoy vicepresidente segundo del Gobierno, Manuel Chaves.
La redacción que aprobó las Cortes salió del puño del ministro de Justicia
Cuando se empezó a pergeñar el Estatuto, los socialistas andaluces marcaron dos líneas rojas muy claras. Una era la deuda histórica y otra el Guadalquivir. Para ellos eran demandas con una fuerte carga simbólica, pese al desinterés ciudadano que el nuevo Estatuto de Autonomía generaba, como bien se comprobó el 18 de febrero de 2007: solo el 35,6% acudió a votar al referéndum de aprobación del nuevo Estatuto.
La decisión del PSOE de levantar estas dos banderas lo fue por convencimiento propio, pero también para no dejarlas en manos de Izquierda Unida y del Partido Andalucista. Sin el consenso con IU, el Estatuto no hubiera sido posible en el Parlamento andaluz y la federación de izquierdas exigió desde el primer momento que la competencia exclusiva sobre el Guadalquivir figurase en el texto.
La redacción que inicialmente salió de la Cámara andaluza era mucho más directa que la que al final aprobó el Congreso. Entonces era el articulo 50 del Estatuto y decía: "La Comunidad Autónoma de Andalucía ostenta competencias exclusivas sobre la cuenca hidrográfica del Guadalquivir, sin perjuicio de la planificación general del ciclo hidrológico, de las normas básicas sobre protección del medio ambiente y de las obras públicas hidráulicas de interés general". El que salió de las Cortes y que el Constitucional anuló, el 51, está encorsetado -como ocurrió también con un centenar de artículos- con la referencia a la Constitución. Dice así: "La Comunidad Autónoma de Andalucía ostenta competencias exclusivas sobre las aguas de la Cuenca del Guadalquivir que transcurren por su territorio y no afectan a otra Comunidad Autónoma, sin perjuicio de la planificación general del ciclo hidrológico, de las normas básicas sobre protección del medio ambiente, de las obras públicas hidráulicas de interés general y de lo previsto en el artículo 149.1.22.ª de la Constitución" (en negrita, las últimas incorporaciones)
Esta redacción deja clara la prevalencia del Estado en la cuenca, de ahí que los juristas calificasen este artículo como el de una "falsa competencia exclusiva".
Pero además de incluir esta reivindicación en el articulado, PSOE e Izquierda Unida añadieron otra vía para amarrar el que la comunidad tuviera en sus manos la gestión del río. A través de una disposición adicional reclamaban al Estado cuatro materias estatales a través de la delegación de competencias previstas en el artículo 150.2 de la Constitución, que es la vía en la que confía ahora el Gobierno andaluz actual para sortear la sentencia del Constitucional.
El PSOE lo metió pese a que un informe elaborado por el Consejo Asesor del Ejecutivo sobre el Estado de las Autonomías, del que formaban parte dos expresidentes del Tribunal Constitucional, le advirtió que "puede ser un fraude constitucional". Por el contrario hizo caso a las recomendaciones del presidente del Consejo Consultivo, Juan Cano Bueso, quien negó la existencia de obstáculos jurídicos. La disposición no vio la luz, porque los federales se la tapiñaron.
