Gobierno y autonomías ni ven ni oyen
La televisión digital terrestre (TDT) ha traído consigo canales dedicados exclusivamente a la emisión de programas de videncia, brujería y esoterismo. Algunas de estas emisoras explotan una licencia legal, pero muchas otras se han instalado en el dial sin ningún tipo de autorización administrativa. Son canales piratas. Se aprovechan de la indiferencia y la dejación de los poderes públicos para emitir con total impunidad. Vulneran la ley por partida doble: por un lado, ofrecen contenidos de tarot y adivinación en horario de protección infantil; y, por otro, emiten sin tener adjudicada una frecuencia.
Pero la Administración ni ve ni oye a los echadores de cartas ni quiere enterarse de las estafas a las que, a menudo, son sometidos los espectadores. El Ministerio de Industria, responsable de marcar la política audiovisual, y las comunidades autónomas, con competencias en sus respectivos territorios, se tiran la pelota de un lado a otro. Esquivan la responsabilidad a la hora de cerrar los cada vez más numerosos canales.
En Madrid, por ejemplo, el Ejecutivo que preside Esperanza Aguirre (PP) ha declinado en los últimos meses toda responsabilidad sobre estos operadores para descargarla sobre Industria. A su vez, el ministerio responde que la competencia para limpiar el dial de contenidos irregulares y de empresas sin licencia es de la comunidad.
¿A quién le corresponde la tarea? El vicesecretario general de Comunicación del PP, Esteban González Pons, terció la semana pasada en este conflicto al asegurar que la competencia para cerrar radios y televisiones sin licencia es autonómica. "Hay un problema", advirtió, ya que "ninguna comunidad autónoma se quiere enfrentar a una radio o una televisión sin licencia". Los socialistas reclaman un acuerdo de alcance político. "No puede ser que una Administración vaya de guapa dando las licencias y otra de fea cerrando los canales".
