Nueva bronca por los ERE en el Parlamento
Como siempre que hay sesión de control en el Parlamento andaluz, los populares aprovecharon para introducir ayer la polémica del caso de los ERE, una dinámica que se verá en aumento por la cercanía de las elecciones autonómicas del mes de marzo y el empeño del PP en involucrar en el asunto al presidente de la Junta, José Antonio Griñán. La portavoz parlamentaria del PP, Esperanza Oña, y el secretario general del partido, Antonio Sanz, se encargaron de llevar la batuta.
Oña se dirigió al consejero de Empleo, Manuel Recio, y le emplazó a que se produzcan "dimisiones ya" respecto a la trama de las empresas de la Sierra Norte de Sevilla. "¿Qué tipo de responsabilidades políticas se van derivar de esta corrupción superlativa?", preguntó, a la vez que denunció, una vez más, que el PSOE está a favor "de la corrupción siempre que le beneficie".
Sanz, por su parte, que intervino en dos iniciativas sobre el tema, dijo en la primera que la juez del caso de los ERE ha apuntado directamente a Griñán y la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, como responsables "en la trama corrupta de las ayudas ilegales del llamado fondo de reptiles". Sanz aseguró que la Junta "miente, pone zancadillas a la investigación y no tramita toda la información que tiene al juez". "En el tema de los ERE están ocultando todos los papeles desde el primer día para que no se sepa la verdad, que es a lo que le tienen auténtico pánico", señaló. Después, defendió una proposición no de ley, que fue rechazada, en la que instaba a la Junta a crear un "fondo social" de ayuda a familias sin ingresos con el dinero derivado de las devoluciones de las ayudas "indebidas" recibidas por el denominado "fondo de reptiles".
Recio respondió a Oña: "No me van a encontrar para intentar judicializar la vida política ni voy a estar dispuesto a colaborar para que se utilice la instrucción del caso para politizar la justicia". Y Aguayo dijo a Sanz que ni ella ni Griñán autorizaron operaciones de endeudamiento en relación con las empresas que aparecen en el auto dictado el pasado 10 de noviembre por la juez Mercedes Alaya. "Confunden deliberadamente y repiten mucho una mentira que sigue siendo mentira". El parlamentario socialista José Caballos dijo que en ningún sistema se puede evitar que se puedan producir estos casos de presuntas corruptelas, pero en este caso el Gobierno andaluz ha actuado "con celeridad y colaborando con la justicia".
