Urdangarin cobró 300.000 euros del Gobierno balear por una oficina ficticia

Iñaki Urdangarin, yerno del Rey, participó personalmente ya en 2004, y dejó el rastro escrito a través una oferta directa y firmada de su sociedad personal Aizoon, en negocios bajo sospecha que está investigando el juzgado que instruye el caso Palma Arena. El negocio consistía en la creación de una supuesta oficina para el desarrollo y la promoción del equipo ciclista Banesto, que había pasado a llamarse Illes Balears como consecuencia de que el Gobierno del PP en las islas había asumido su patrocinio.

Estos hechos ocurrieron antes de que Urdangarin cerrase el primero de los contratos de su Instituto Nóos -entidad sin ánimo de lucro- con el Gobierno balear para celebrar los Foros Illes Balears 2005, por el que ingresó 1,2 millones de euros. Parte de este dinero se derivó a empresas con ánimo de lucro propiedad de Urdangarin y de su socio, Diego Torres, imputado en la causa.

Los investigadores consideran los contratos carentes de sentido y contenido

Bajo el impulso y tutela directos de Matas, que pretendía de Urdangarin que gestionase grandes eventos deportivos en las islas, el duque de Palma cobró, según la investigación judicial, por crear una "oficina del proyecto" ligada al equipo ciclista Illes Balears, que Banesto traspasó al Gobierno de Baleares, asumiendo el Ejecutivo autónomo un gasto de 18 millones de euros. El duque de Palma actuó de intermediario en aquella operación.

Nóos quiso dar continuidad a la relación comercial con sus clientes en contratos encadenados. Desde el Gobierno de Matas se aseguró entonces que el duque "no cobró ni un duro" por mediar para lograr la ficha el equipo ciclista.

El grupo de empresas que presidió y controló el duque de Palma con su socio Diego Torres, a través del Instituto Nóos, facturó en Baleares por este episodio ligado al equipo ciclista Illes Balears alrededor de 300.000 euros, en unos contratos y funciones que los investigadores consideran carentes de sentido y contenido, ficticios, tramitados a través del Instituto Balear de Turismo (Ibatur) y la Fundación Illesport. En los archivos oficiales no se han hallado expedientes administrativos conformes, ofertas abiertas ni la posterior justificación de costes.

Tanto el duque de Palma como Jaume Matas y varios de sus ex altos cargos están bajo la lupa del juez y el fiscal por unos episodios por los que serán también encausados en la pieza secreta del caso Palma Arena, abierto a raíz de las múltiples ilegalidades descubiertas en la tramitación de la construcción de un polideportivo en Palma. La causa que afecta al duque de Palma, aunque aún no figura como imputado, está separada de la principal y se instruye por supuesta falsedad documental, prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude a la Administración.

Entre algunos abogados de cargos intermedios implicados en el caso Palma Arena, que han acudido a la fiscalía y han cooperado, se considera que con los datos recabados está construida la acusación sólida en este episodio.

Del análisis documental y las declaraciones recibidas por la fiscalía y la policía, se cuestiona el procedimiento y el pago al entramado de Nóos de 125.000 euros por un convenio y tres abonos más de 58.000, en total 300.000 euros.

La operación para el cobro de estas cantidades era supuestamente de tutelaje comercial, de mercadotecnia y seguimiento periodístico, alrededor de una "oficina del proyecto", un gabinete de prensa, gestión de exclusivas y una página web dedicada al equipo ciclista Illes Balears. Además de Aizoon, otras firmas del grupo, entre ellas Intuit, tomaron parte en los contratos, al igual que la externa Sofres para el seguimiento de prensa.

Al menos seis altos cargos del Ejecutivo de Matas ya han testificado por este apartado de la pieza secreta para desvelar cómo fue el andamiaje de los contratos, según los acusadores. Juan Carlos Alía, Raimundo Alabern y Miguel Ángel Bonet, de Ibatur, y Gonzalo Bernal, de Illesport, han explicado en sus comparecencias los detalles que conocían de estos contratos y declararon que las condiciones venían impuestas desde Presidencia de Baleares.