La Casa del Rey intentó en 2007 "poner en orden" los negocios de Urdangarin
Contactó con un bufete catalán para estudiar la creación de una fundación - La Corona actuó tras las iniciativas del Parlamento balear sobre el duque de Palma
La Casa del Rey contactó en 2007 con el bufete de abogados catalán Bergós para "poner en orden" las actividades de Iñaki Urdangarin, que para entonces facturaba varios millones de euros a Administraciones públicas con sus empresas privadas y con el instituto sin ánimo de lucro que presidía. Un juzgado de Palma investiga desde agosto pasado a Urdangarin en relación con una supuesta malversación de caudales públicos y fraude a la Administración.
La Corona pidió al bufete de abogados que estudiara la situación de las actividades del duque y en esas conversaciones surgió la posibilidad de englobarlas bajo la cobertura de una fundación, según fuentes de la investigación. La iniciativa de la Casa del Rey surgió como consecuencia de las primeras preguntas que la oposición al Gobierno de Jaume Matas formuló en el Parlamento balear a cuenta de los eventos que organizaba Urdangarin para esa comunidad autónoma.
Valencia y Baleares reclamarán ante los tribunales el dinero público defraudado
El duque de Palma logró dos contratos por 2,3 millones de euros para organizar congresos sobre turismo y deporte en las islas. Lo hizo como presidente de Nóos, un instituto sin ánimo de lucro que desviaba el dinero público conseguido del Gobierno balear hacia empresas privadas con ánimo de lucro propiedad del propio Urdangarin.
El yerno del Rey abandonó el instituto Nóos en junio de 2006. Su esposa, la infanta Cristina, también formaba parte de la junta directiva como vocal, puesto que dejó en la misma fecha. Meses después, la Casa del Rey intentó poner en orden todo el conglomerado empresarial creado por Urdangarin, que dejó de visitar instituciones para lograr contratos. La fundación planteada no llegó a constituirse, toda vez que el duque de Palma había abandonado sus actividades privadas. En 2009 se trasladó con su familia a EE UU.
Por otra parte, los dos Gobiernos del PP que más dinero adjudicaron al Instituto Nóos pretenden reclamar judicialmente el dinero público que supuestamente no se justificó por parte de las empresas de Urdangarin y su socio, Diego Torres, imputado en el caso. El Gobierno valenciano de Alberto Fabra se personará en la causa si se demuestra que el Instituto Nóos engañó a la Generalitat. Fabra, en una emisora de radio, admitió ayer: "Si se demuestra que hubo un engaño por parte de Nóos, lógicamente, los servicios jurídicos estudiarán cuál sería nuestra posibilidad".
De confirmarse esta decisión, Fabra seguiría la senda del Gobierno de Baleares, que ya está personado en el caso Palma Arena. El presidente balear, el también popular José Ramón Bauzá, aseguró en el Parlamento autónomo que defenderá los intereses de sus conciudadanos "cuando y ante quien haga falta" y "provenga de donde provenga", porque "si una cosa está mal, está mal independientemente de quien la ha hecho".
La Abogacía del Ejecutivo balear ejerce ya la acusación particular en las diversas piezas en el caso Palma Arena, que es la madre de la pieza 25/2ª donde se analiza la gestión de los dos convenios con el Instituto Nóos, con un coste de 2,3 millones para la celebración de sendos foros en 2005 y 2006. Un portavoz de la Consejería de Presidencia balear aseguró ayer que sus letrados "seguirán personados en las causas, sin ejercer iniciativas especiales ni retirarse".
La investigación ha llevado al juez que investiga el caso Palma Arena hasta la Comunidad Valenciana, donde la policía ha requisado documentación y la fiscalía ha interrogado a distintos cargos del PP. Entre 2004 y 2006, el Ejecutivo valenciano, que entonces presidía Francisco Camps, contrató al Instituto Nóos para celebrar tres ediciones de unas jornadas relacionadas con el deporte denominadas Valencia Summit y la elaboración de un estudio para celebrar unos primeros Juegos Europeos. Por estos encargos, la entidad que presidía Urdangarin cobró de la Generalitat y del Ayuntamiento de Valencia 3,7 millones de euros, en el caso de Valencia Summit, y 382.000 euros por los Juegos Europeos. La Generalitat se ha negado hasta ahora a mostrar la documentación relacionada con Nóos pese a las peticiones de la oposición.
El avance de la investigación judicial del caso Palma Arena llevó ayer a la consejera portavoz del Gobierno valenciano, Lola Johnson, a reconocer que Camps se comprometió a pagar al Instituto Nóos un total de seis millones de euros por los estudios destinados a preparar la candidatura de unos Juegos Europeos en Valencia. El convenio lo firmaron en la Navidad de 2005, a iniciativa del entonces presidente de la Generalitat, el vicepresidente Víctor Campos -que ha admitido la culpa en caso de los trajes de Camps-, el consejero Esteban González Pons y Diego Torres, en representación de Nóos.
