Al borde de la asfixia financiera
La tesorería del Gobierno valenciano está bajo mínimos. El cierre de los mercados financieros y el elevado endeudamiento que arrastra la Generalitat han obligado al presidente Alberto Fabra a recurrir al apoyo del Gobierno para poder hacer frente a sus obligaciones.
La situación se complicó sobremanera a mediados del pasado mes de diciembre, cuando la Generalitat no pudo colocar en el mercado minorista toda la deuda que había previsto emitir. Fabra esperaba obtener hasta un total de 2.600 millones de euros con los que poder amortizar una emisión anterior de bonos patrióticos - por un importe superior a los 1.500 millones- y obtener la liquidez suficiente para presentar un plan de pago a los proveedores. A duras penas se logró obtener financiación para amortizar los bonos viejos con los nuevos.
Desde entonces, el Ejecutivo de Fabra ha ido afrontando los pagos más acuciantes mientras acumula en los cajones toda clase de facturas pendientes con distintos colectivos y proveedores. Tanto, que la semana pasada tuvo que solicitar ayuda al Gobierno para poder hacer frente a un crédito de 123 millones con el Deutsche Bank. Y solo unos días después aprobó un decreto que sube el IRPF y la gasolina 4,8 céntimos a los valencianos, a la vez que recorta el salario a funcionarios e interinos.
Con la primera transferencia estatal del año, Fabra asegura que este mes podrá pagar las nóminas y hacer frente a sus obligaciones financieras. Sin embargo, sobre su mesa se empiezan a acumular las demandas por impago de los colectivos más diversos.
