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Bizkaia acusa al Ejecutivo de "difamar para tapar su gestión"

La Diputación de Bizkaia escenificó ayer un nuevo episodio de su duro enfrentamiento con el Gobierno. En una comparencia de tono muy crítico, Juan María Aburto, portavoz foral, acusó a Idoia Mendia, su homóloga en el Ejecutivo, de "calumniar y difamar" a la institución provincial con comentarios que tildó de "burda manipulación". "Vuelven a incidir en su estrategia de poner el foco de la polémica en otros para evitar dar cuenta de su gestión", censuró. Aburto se refirió a unas declaraciones de Mendia en las que reprochaba los recortes de la Diputación en ayudas sociales y su renuncia a realizar ajustes de personal para reducir el gasto público.

Tal y como adelantó EL PAÍS el pasado día 3, la institución foral aprobó el 21 de diciembre de 2011 un decreto según el cual se elevaba a dos años y medio el empadronamiento necesario para cobrar las ayudas especiales para la inclusión social. Aburto reconoció la medida, pero la atribuyó a otra anterior del Gobierno vasco: el establecimiento en tres años del tiempo mínimo de empadronamiento para recibir la Renta de Garantía de Ingresos (RGI).

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"Las ayudas especiales para la inclusión social se crearon para atender a un grupo de población que no cumplía con el año de empadronamiento en Bizkaia necesario para cobrar la RGI", explicó Aburto. El requisito para disponer de este dinero, continuó el portavoz, era haber estado inscrito en algún padrón del territorio al menos seis meses. De este modo, las personas podrían cobrar esa ayuda durante el tiempo que les restaba para tener derecho a la RGI.

"Al elevar el Gobierno el tiempo de empadronamiento a tres años, nos vimos obligados a aumentar el nuestro a dos años y medio", detalló el responsable foral. La Diputación, agregó, no podía mantener esa prestación durante tantos meses. "No hay presupuesto que soporte eso", justificó Aburto, quien, a continuación, reconoció que se había recortado la partida destinada a las ayudas especiales, pero "sólo" porque el número de personas que las van a poder cobrar "va a ser menor".

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El portavoz se mostró más crítico aún cuando se refirió a la denuncia de Mendia sobre el rechazo de la Diputación a realizar ajustes de personal. "Eso es falso", comenzó. Según aseguró, el ente foral ya tomó medidas en 2010, cuando vio que la situación económica no iba a mejorar. "Mientras, el Gobierno aprobaba una subida salarial", destacó.

Igualmente, resaltó Aburto, en 2011 y 2012 la Diputación aplicó "una congelación salarial". "Hemos ido tomando medidas mucho antes que el Gobierno", insistió el portavoz. En este punto, acusó al Ejecutivo de "levantar calumnias" y avisó de que la institución foral no aplicará más recortes que aquellos que sean "de obligado cumplimiento". "No necesitamos ninguna tutela de quien difama sin ningún rigor para evitar hablar de su política de personal en Metro, la Ertzaintza y otras áreas", zanjó.

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