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Las consecuencias del 'caso Gürtel'

Garzón reivindica su inocencia en el Supremo con el respaldo de la fiscalía

Los abogados de Gürtel le acusan de ser el "Gran Hermano" que todo lo ve - El ministerio público justifica las escuchas a los abogados en la cárcel

Con la voz rota, Baltasar Garzón dedicó ayer los que pueden ser los diez últimos minutos de su trayectoria de 23 años como juez central número 5 de la Audiencia Nacional a reivindicar su inocencia en el alegato final tras tres días de juicio. El magistrado que abanderó la jurisdicción universal en su persecución de las dictaduras iberoamericanas, que dinamizó la lucha contra el narcotráfico, combatió la guerra sucia y contribuyó a la derrota de ETA, según comparte todo el mundo judicial, aún tuvo que desmentir una acusación de los que le intentan inhabilitar por haberles grabado en la cárcel. Sus acusadores, los abogados de los cabecillas de la red corrupta Gürtel, sostuvieron que el juez actuó movido por "la razón de Estado, que es la excusa de los tiranos". "La única razón de Estado que entiendo es la razón democrática de los ciudadanos", replicó Garzón.

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El juez se defendió hasta el final sin poder evitar que su alegato estuviera impregnado por el rumor de la derrota. Tras quitarse la toga por segunda vez para ocupar el banquillo, hizo uso de su turno de palabra: "Será la última vez que pueda hacerlo ante un tribunal de justicia, español en este caso", señaló.

El magistrado asumió "todas y cada una" de sus decisiones como primer instructor del caso Gürtel, que fueron "tomadas reflexivamente en cumplimiento de la más estricta legalidad".

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Frente a algunos exabruptos de los acusadores, que le habían atribuido haber dispuesto unas escuchas "monstruosas" e "infamantes", Garzón sostuvo que "en ningún momento se violentó el derecho de defensa, sino que se protegió, procurando conciliar los derechos fundamentales en juego".

A mitad de su discurso, el magistrado se dejó llevar por la tensión y se dirigió personalmente a su excompañero, el acusador José Antonio Choclán. El presidente, Joaquín Giménez, le reprendió de inmediato y Garzón pidió perdón "por la referencia al letrado". Antes de concluir, recibió otro correctivo al citar una frase de Willy Brandt: "Abrir la puerta a la primera injusticia es abrir la puerta a todas las que le siguen".

Con el alegato de Garzón concluyó el juicio seguido contra él por supuestos delitos de prevaricación y contra las garantías fundamentales, por el que se enfrenta a penas de entre 10 y 17 años de inhabilitación, que conllevan la expulsión de la judicatura. El próximo martes volverá a sentarse en el banquillo para hacer frente a su segundo juicio, en esta ocasión por haber investigado los crímenes del franquismo.

La sesión de ayer estuvo dedicada a los informes finales de los tres abogados de la acusación, los dos fiscales del Tribunal Supremo y el del defensor del juez, Francisco Baena Bocanegra. Baena, un veterano abogado sevillano, consideró como "verdaderamente singular" que el juez tuviese que soportar tres querellas entre febrero y octubre de 2009, todas por el mismo delito de prevaricación, y que el proceso de las escuchas haya "pasado por delante" del de la memoria histórica.

El abogado sostuvo que la medida adoptada por Garzón fue "pertinente y justificada" por la gravedad de los delitos y por los indicios de que en el delito de blanqueo "participaban abogados". "No podemos tachar a un juez de prevaricador por tomar medidas para evitar uno de los delitos más graves que hay, y más en esta situación de crisis", clamó Baena.

Buena parte de su informe lo dedicó a censurar la instrucción del juez Alberto Jorge Barreiro, sugiriendo que había "mejorado la querella" inicial del abogado Ignacio Peláez y abrió el juicio con una "reproducción mimética" del escrito de acusación del cabecilla de la red corrupta, Francisco Correa. "Garzón", concluyó, "podrá ser como quiera, pero es un buen juez en el sentido de la palabra".

En la sesión de la mañana, los fiscales del Supremo Antolín Herrero y Pilar Fernández Valcárcel defendieron que los indicios contra los cabecillas de la trama justificaban las escuchas adoptadas por Garzón, y que en otros casos, como el de Marta del Castillo y el del narco Pablo Vioque, se ha escuchado a abogados en la cárcel.

Los tres abogados que acusan a Garzón presentaron al magistrado como autor de una "clamorosa prevaricación" y violador sistemático de derechos constitucionales, "una suerte de Gran Hermano que todo lo escucha y todo lo ve", como le definió el abogado Pablo Rodríguez Mourullo.

Baltasar Garzón, a su llegada al Tribunal Supremo.
Baltasar Garzón, a su llegada al Tribunal Supremo.SERGIO BARRENECHEA (EFE)

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