Los vecinos dan 7.000 firmas a Castedo contra la subida del autobús
Las movilizaciones y protestas sociales de diferente índole se sucedieron ayer en la ciudad de Alicante. Medio centenar de representantes de asociaciones de vecinos acudieron al registro del Ayuntamiento para entregar más de 7.000 firmas contra el incremento del billete del autobús urbano en Alicante. El próximo viernes el pleno del Ayuntamiento debatirá, y aprobará, las nuevas tarifas.
María Eva Coloma, presidenta de la Asociación de Vecinos Virgen del Remedio, criticó que la alcaldesa, Sonia Castedo, del PP, "no consulte a los afectados, ni nos llame", y recordó que los incrementos son generalizados. Aunque los más perjudicados serán los jubilados y pensionistas, que disfrutaban de 90 viajes gratuitos y ahora solo tendrán 12. José María Hernández denunció "la falta de respeto" del PP hacia un colectivo tan sensible como el de los pensionistas que, no tiene otro medio de transporte que el autobús urbano. "Hay un agravio comparativo, Valencia y Elche mantienen los descuentos para los pensionistas y aquí nos suben a todos", se quejó.
Una hora antes, los delegados sindicales de CC OO y CGT en La Alcoyana, empresa de transportes que presta servicio en el área metropolitana de Alicante, se concentraron ante las oficinas del TAM para denunciar que la empresa Subús adeuda a cada uno de ellos unos 2.000 euros, como compromisos adquiridos hace años para homologarse con otros conductores de la compañía. "El jefe dice que como la Generalitat ha dejado de pagarle la subvención, no puede cumplir con lo acordado", denunció Juan Manuel Fernández, de CC OO.
Y la tercera protesta se vivió en las puertas del rectorado de la Universidad de Alicante contra el despido "fulminante" de dos trabajadores del servicio de limpieza acusados "sin pruebas" por la empresa de "pequeños hurtos", según los sindicatos.
