Las quejas por los recortes paralizan instituciones públicas y la educación
El rechazo al decreto de recortes aprobado en enero por el Gobierno de Alberto Fabra paralizó ayer una decena de instituciones públicas y mantuvo el sistema educativo -público y concertado- en pie de guerra a lo largo de toda la jornada. Los encierros convocados por delegados sindicales del STEPV, CC OO, UGT y CSIA comenzaron por la mañana en las consejerías de Administración Pública en Valencia, Educación y Sanidad, y continuaron en la sede del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA), en la dirección territorial de Bienestar Social y en la Ciudad de la Justicia, dos sectores ahogados también por los impagos de la dependencia y de los abogados del turno de oficio.
Las Juntas de Personal Docente se encerraron en las tres sedes de Educación en Valencia, Alicante y Castellón, que estaban fuertemente custodiadas por la policía y bajo amenazas de desalojo.
En Alicante, los sindicatos tomaron el edificio Prop, la sede de la Consejería de Educación y el Palacio de Justicia. En la sede del Ivadis de Elche, dedicada a la formación y atención de discapacitados, también hubo encierro.
El rechazo a la imposición por la vía legislativa de medidas para reducir el déficit público basadas exclusivamente en el recorte salarial de los funcionarios de la Generalitat se extendió a la dirección provincial de Valencia del servicio público de empleo estatal. Los delegados sindicales quisieron escenificar con este encierro en un servicio clave para los ciudadanos "los recortes que va a sufrir este organismo derivados de la oferta de empleo público". Esto es, "cero efectivos" en el servicio público de empleo estatal en una autonomía con casi 560.000 parados.
La educación, brazo fuerte de las movilizaciones desde que se aprobó el tijeretazo en las Cortes Valencianas, mantuvo la tensión todo el día. Los delegados de FSIE, el sindicato de la enseñanza concertada, en un gesto poco usual, se plantaron por la mañana y por la tarde en sendas protestas. Y en decenas de centros públicos se organizaron encierros y protestas.Los alumnos de 4º de ESO del centro concertado Engeba ya conocen lo que es no tener calefacción en clase, al igual de los de decenas de colegios e institutos públicos, donde los impagos de la Generalitat de los gastos de funcionamiento desde 2011 han obligado a cortar la calefacción. Más de medio millar de delegados sindicales de FSIE, profesores, alumnos y algún que otro director, se concentraron ayer por la tarde -en un gesto inusual- frente al Palau de la Generalitat para protestar por la deuda del Consell con la red de enseñanza concertada. Según cálculos del secretario de FSIE, Evarist Carbonell, entre la deuda del bono infantil a las guarderías y el retraso de los gastos del último trimestre de 2011, el Consell debe a las empresas de educación casi 30 milones de euros. Una "deuda mítica", como rezaba el cartel de uno de los profesores, en alusión al hundimiento del macroproyecto de ocio de la Generalitat de Terra Mítica, en Alicante.
"Estamos en una situación extrema", confirmó Rebeca, la directora de Engeba, un centro abierto desde 1974 que nunca había tenido que recurrir al apoyo de las familias (30 euros al mes), porque el Consell les debe 60.000 euros. "No tenemos calefacción. No pagan a los profesores. No pagan los materiales del colegio. Así nuestra educación es más mala", aseveraban los estudiantes Alexis Méndez, María Borrás y Kiara Zecada. La misma situación se reproduce en las Escuelas Artesanas de Valencia, según denuncia el estudiante de 2º de FP Rafal Carcel. Pese a los impagos, FSIE ha entregado un documento el pasado 27 de enero en la Consejería de Educación en el que se apuesta por "ampliar el concierto a todos los niveles", desde las escuelas infantiles a los bachilleratos.
En paralelo, la movilización dela enseñanza pública continuó ayer con los "lunes de luto". Un lema bajo el cual los padres, alumnos y profesores programan actividades nocturnas y cenas en los centros en protesta por la "quiebra" del sistema educativo público.
"No aceptamos la muerte de la escuela pública, ni de nuestros centros. No nos vamos a quedar de brazos cruzados, viendo como nuestros hijos sufren en sus carnes las consecuencias de su mala gestión y su despilfarro. Sólo ellos son los responsables de la catastrófica situación actual", remata el Ampa, en la concentración del CP Max Aub de Valencia, al que el Consell debe 52.00 euros. Decenas de centros escolares como todos los colegios públicos del barrio de Orriols-Benimaclet se encerraron anoche en el IES Rascanya de Valencia, en el CP Blasco Ibáñez, en el IES Juan de Garay de Jesús-Patraix en defensa de la escuela pública. También en municipios como L'Eliana, Burjassot, Picanya o Torrevieja continuaron las protestas hasta que la Consejería de Educación acuerde un calendario de pagos para transferir la deuda de 2011 y confirme los presupuestos de 2012.
En Gandia, un grupo de delegados del STEPV se concentró ante la Escuela Oficial de Idiomas, que inauguraba el presidente Alberto Fabra, para instar al jefe del Consell a que "retire" el decreto de medidas de ajuste, que recorta los salarios de los funcionarios públicos, y "rectifique su política de recortes".
