El Congreso boliviano ratifica la nacionalización petrolera de Evo Morales
La hispano-argentina Repsol YPF es una de las empresas que subscribió los convenios con el Gobierno de Bolivia el pasado noviembre
El Congreso de Bolivia ha aprobado por unanimidad los 44 contratos petroleros, 37 de explotación y siete de exploración, que fueron firmados hace casi seis meses por el Gobierno del presidente Evo Morales con doce multinacionales. La aprobación de los contratos, suscritos en el marco de la nacionalización petrolera, se produjo en una sesión conjunta celebrada entre el Senado, de mayoría opositora, y la Cámara de Diputados, controlada por el oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS).
El vicepresidente del país y titular del Congreso, Álvaro García Linera ha calificado de "histórica" la sesión legislativa que ha aprobado las 44 leyes que ratifican los contratos y ha feliciatdo a los congresistas y las fuerzas políticas por haber alcanzado el consenso necesario para dar "un espaldarazo que apuntala" la nacionalización de los hidrocarburos.
Los convenios fueron suscritos a fines de octubre pasado por los ejecutivos de las petroleras y los de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), pero desde entonces y hasta hoy han confrontado un sinnúmero de problemas en su tramitación parlamentaria. Entre las empresas que los suscribieron están la brasileña Petrobras, la hispano-argentina Repsol YPF y la franco-belga TotalFinaElf, que son las tres más grandes con operaciones en Bolivia.
El primer intento de dar vigencia a los acuerdos petroleros fue en noviembre pasado, en una sesión que la oposición calificó de "ilegal" porque el oficialismo se valió de dos legisladores opositores suplentes para obtener la mayoría necesaria. Después se comprobó que algunos anexos de los contratos fueron renegociados luego de haber sido firmados con las empresas y que en la Cámara de Diputados se aprobaron documentos distintos a los pactados originalmente. La última polémica se produjo cuando el Senado, controlado por la oposición, revisó los convenios e introdujo modificaciones que fueron rechazadas por los oficialistas de la Cámara Baja.
Para evitar nuevos y eventuales contratiempos, el Congreso tomó la previsión de ordenar hoy que los textos de las leyes sobre los contratos sean cotejados con funcionarios de YPFB antes de enviarlos al presidente Morales para su promulgación. Después los contratos deben ser protocolizados en una notaria de gobierno para que puedan entrar en vigor bajo el nuevo régimen fijado por la nacionalización decretada en mayo del año pasado.
