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Los ministros de Economía de la UE apoyan un nuevo sistema de supervisión financiera

Los responsables económicos de los Veintisiete han mostrado diferencias sobre la dirección del nuevo organismo y su relación con los diferentes supervisores nacionales

Los ministros de Economía de la Unión Europea (UE) han apoyado la creación de un nuevo órgano que se dedicará a detectar riesgos para la estabilidad macroeconómica durante una reunión oficiosa del Ecofin celebrada en Praga. El organismo también emitirá alertas y recomendaciones que deberán ser seguidas por los estados miembros para evitar así que se repitan crisis financieras como la actual.

No obstante, los responsables de Economía de los estados que integran la UE no han logrado un compromiso sobre si debe ser el Banco Central Europeo (BCE) el que dirija este órgano.

A partir de las propuestas de un grupo de expertos presidido por el ex director del FMI, Jacques de Larosière, los Veintisiete han apoyado la puesta en marcha de un Consejo Europeo de Riesgo Sistémico. Los expertos propusieron que este Consejo contara con el apoyo logístico del BCE, cuyo presidente, Jean-Claude Trichet, se situaría también al frente del nuevo organismo.

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España y Reino Unido plantean reservas

Sin embargo, Reino Unido, que no pertenece a la eurozona, ha expresado sus "reservas" frente a esta propuesta y ha pedido un mayor protagonismo para las autoridades financeras británicas. Por su parte, el vicepresidente económico y ministro de Economía y Hacienda del Gobierno español, Pedro Solbes, también ha manifestado sus dudas sobre el papel que debe desempeñar el BCE en este órgano.

Solbes ha destacado la posición favorable de España a la creación de un nuevo organismo supervisor que actúe sobre todo en los casos en que haya flujos transnacionales, pero sin menoscabar las competencias de los diferentes supervisores nacionales. Además, España sería partidaria de que la presidencia la ocuparan de forma rotatoria o por elección los gobernadores de los bancos centrales de los Veintisiete para evitar la discriminación de los países que no pertenecen a la eurozona.

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