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Sector financiero

S&P calcula que sanear el sector de la banca costará 35.000 millones

El Gobierno admite que las fusiones de cajas van con retraso aunque recuerda que puede pedir a Bruselas una prórroga del FROB

El BCE, el Banco de España, la Asociación Española de Banca o las agencias de calificación ya han llamado la atención sobre ello. La reestructuración del sector financiero español, que según S&P necesitará 35.000 millones de euros, va demasiado despacio y el proceso de las fusiones de las cajas amenaza con superar la fecha de caducidad de las ayudas públicas que ha impuesto Bruselas sin arribar a puerto. El Gobierno, por su parte, es consciente de la situación, según ha reconocido hoy la ministra de Economía, Elena Salgado; aunque no descarta pedir una prórroga a la UE del fondo de apoyo a la reordenación si fuera necesario.

"Creo que la reestructuración se está llevando a cabo con una velocidad que a nosotros nos gustaría que fuera mayor, pero seguramente podrá acelerarse en los próximos meses", ha afirmado Salgado a su llegada a la reunión del Consejo de ministros de Economía y Finanzas de la UE.

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Tras atravesar los dos primeros años de crisis sin cambios en el sector, con la excepción de la intervención de Caja Castilla-La Mancha, y con una morosidad controlada -un 5,07% según los últimos datos- los reguladores y los expertos auguran más problemas para este 2010. La persistencia del deterioro económico a lo largo del próximo ejercicio se traducidirá en un alza de la morosidad que puede superar los niveles de la anterior recesión en 1993, ya que la exposición de las entidades al ladrillo, de 445.000 millones de euros según el Banco de España, pesará mucho en sus balances.

Por este motivo, los analistas y supervisores urgen a prepararse y, hoy por hoy, la mejor manera es reducir la sobreoferta del tejido bancario español, sobre todo entre las cajas, con fusiones de las más débiles y menos solventes; así como a reducir costes y ajustar los márgenes. Para concluir el proceso, tal y como calcula la agencia de calificación Standard & Poor's, que ayer emitió inquietante informe sobre el futuro del sector, se necesitarán 35.000 millones de euros para enjugar las pérdidas previstas por el impago de los créditos y reforzar el capital de las entidades, lo que equivale a un 35% de los fondos del FROB.

La Comisión Europea autorizó el pasado 28 de enero el Fondo para la Reordenación Ordenada Bancaria (FROB), creado con el objetivo de reforzar la solidez y solvencia de las entidades de crédito en España. En principio, este instrumento sólo estará en vigor durante seis meses, hasta el 30 de junio. Pero Salgado ha recordado que la autorización concedida por la CE contemplaba la posibilidad de solicitar una prórroga. "Como saben, es posible pedir una prórroga y, si es necesario, lo haremos", ha asegurado la vicepresidenta segunda.

Elena Salgado, con Joaquín Almunia (a la izquierda) y el ministro holandés de Finanzas, Wouter Ros.
Elena Salgado, con Joaquín Almunia (a la izquierda) y el ministro holandés de Finanzas, Wouter Ros.EFE

España, voluntaria para el test de competitividad

La vicepresidenta segunda del Gobierno español, Elena Salgado, ha afirmado hoy que España se ha ofrecido a participar en la primera tanda de análisis que el Eurogrupo ha acordado realizar para valorar los problemas de competitividad en los países de la moneda única. En su reunión de ayer, los ministros de Economía y Finanzas de la zona euro abordaron -además del punto clave del orden del día, las modalidades técnicas de una eventual ayuda financiera a Grecia- las divergencias de competitividad entre sus miembros, un "problema serio", en palabras de su presidente, Jean Claude Juncker.

A su llegada al Consejo de la Unión Europea, donde hoy preside la reunión de ministros de Economía y Finanzas de los Veintisiete (Ecofin), Salgado ha asegurado que la colaboración de España es "siempre máxima" para mejorar el seguimiento mutuo entre los miembros del Eurogrupo. La vicepresidenta ha negado que estos análisis constituyan un posible paso previo para imponer sanciones más duras a los países que no cumplan con las reglas fiscales de la UE.

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