La Cámara de Comercio de Valencia ataca la supresión de la cuota obligatoria que pagan las empresas
José Vicente Morata afirma que se opondrán "hasta el final" y avisa de que las grandes perjudicadas serán las 'pymes'
El presidente de la Cámara de Comercio de Valencia, José Vicente Morata, ha anunciado esta mañana que estos organismos lucharán "hasta el final" contra la supresión de la cuota obligatoria que las empresas pagan ahora a estas organizaciones. Morata ha afirmado que la última batería de medidas anunciadas por el Gobierno no tendrá una repercusión positiva en la economía y, sobre todo, no beneficiará a las pequeñas y medianas empresas (pymes).
Morata ha asegurado esta mañana, en un acto convocado con urgencia, que el 62,1% de las empresas de la provincia de Valencia ya están exentas de la cuota por su pequeño tamaño. Y que el 75% o no pagan o pagan menos de 20 euros al año, a pesar de contar con todos los servicios. "La cámara la financian las grandes empresas", ha declarado, "hacemos una redistribución directa de los beneficios empresariales".
El presidente de la organización cameral ha indicado que 2.500 empresas de la provincia (las más grandes) pagan el 66% del importe total recaudado con las cuotas, que asciende globalmente a 10,19 millones de euros. El presupuesto de la entidad para 2011 se eleva a 15,8 millones de euros.
No hay alternativa, ha proseguido, a la ayuda a la internacionalización y a la formación que hoy ofrecen las cámaras. "No es una medida meditada" por parte del Gobierno, ha dicho, sino una respuesta a una supuesta demanda social, generada quizá por fallos de comunicación de las organizaciones camerales, para eliminar lo que se considera "un impuesto revolucionario".
"Hay dos formas de cargarse algo: o lo suprimes o le quitas la financiación". ¿Por qué lo hace el Gobierno? "Porque somos molestos"; "lo que quieren es callarnos", opina Morata. El dirigente empresarial ha asegurado que las cámaras darán la batalla para defender su financiación y, si no logran revertir la medida, se adaptarán para obtener ingresos por otras vías (la institución cobra, por ejemplo, por los cursos de su escuela de negocios), pero no desaparecerán. Una posibilidad legal, ha indicado, es que la cámara realice "por encomienda" servicios públicos de las comunidades autónomas.
La Cámara de Valencia da empleo a 138 personas. Morata no ha descartado que la entidad se vea forzada a prescindir de trabajadores, pero ha afirmado que hasta ahora, a pesar de la reducción de ingresos por la crisis, la cámara no ha despedido a nadie.
