Impuestos a la fuga

La crisis financiera y la recesión han hecho aflorar graves problemas estructurales en el funcionamiento de las sociedades avanzadas. El del empleo —mejor dicho, el de la escasez de él— es uno de ellos y no el menor. La sociedad con abundancia de empleo fijo pertenece al pasado; la depresión ha servido para ampliar un régimen de precariedad laboral latente en los años anteriores a la crisis. Ninguna avance en el crecimiento económico resucitará el empleo estable como forma laboral dominante. Pero hay más. En los últimos diez años las grandes empresas —las llamadas grandes tecnológicas en primer lugar— han conseguido perfeccionar sistemas de evasión o elusión fiscal tan beneficiosos para sus intereses (¿que sería de los beneficios de los grandes conglomerados de Internet si tuvieran que pagar la tributación de cada país en el que operan?) como perjudiciales para los ciudadanos, que soportan una hemorragia permanente de los ingresos públicos fatal para los estados de bienestar correspondientes en cada país de Europa.

Ha llegado el momento del aceptarlo: los Estados son incapaces de controlar la fiscalidad de los Facebook, Google o Apple. El poder ya no está en los Estados: ¡si apenas puedan asegurar la fiscalidad de las empresas nacionales! Esto es especialmente cierto en el caso de España. Si la legislación ha permitido (o favorecido) que las empresas del Ibex dispongan de unos 100.000 millones en créditos fiscales es evidente que ni esa legislación ni otra que cubra los estrechos límites nacionales podrá evitar que se esfume la tributación de las grandes tecnológicas, novísimas trasnacionales que operan en todo el mundo y pagan donde les conviene. Y lo que les conviene es dejar de pagar unos 500.000 millones de dólares al año gracias a la ingeniería fiscal.

El ámbito de acción tributaria tiene que ser forzosamente, como mínimo, zonal o por grandes áreas económicas. En el caso de España, europeo. Así se clausurarían destinos paradisíacos para el dinero. Carece de toda lógica que en la Unión Europea existan (¡y se consientan!) legislaciones tributarias que se aproximan a la fiscalidad cero. La tributación en Europa tiene que homogeneizarse, es decir, establecer unos niveles mínimos que no perjudiquen a los países que sufren con mayor intensidad la elusión fiscal. Y, por añadidura, debería considerarse someter a investigación periódica a los grupos de asesoría (como Goldman Sachs, Price o Deloitte) que tienen a bien diseñar estrategias fiscales para soslayar los impuestos.

A estas alturas de la poscrisis está clara la estrecha relación entre la precariedad económica y laboral, agudizada hasta el malestar por las políticas de ajuste aplicadas a contrapelo para superar la recesión, y la debilidad fiscal de las Estados. La debilidad no es general ni uniforme, pero llega a ser alarmante en países como España. No hay forma de combatir la desigualdad social ni las amenazas de pobreza con ingresos fiscales precarios. Desde esta perspectiva, son incomprensibles las políticas de desarme impositivo que patrocinan gobiernos (como el español, de nuevo) y partidos políticos. A veces parecen a veces políticas de apaciguamiento fiscal; si no eres capaz de exigir impuestos a alguien que puede más que tú, intenta engatusarle con rebajas tributarias.

En el nuevo orden fiscal que necesita Europa habría que incluir además una variada panoplia de tasas de nuevo cuño, desde las ecológicas a las turísticas. Desde finales de siglo han aparecido fenómenos que desbordan las infraestructuras nacionales y es inevitable asignarles un coste público. Pero, de nuevo, es obligado que el ámbito sea europeo. ¿Tanto cuesta construir sobre mínimos una estructura fiscal europea homogeneizada? Sería de gran utilidad saber quien se opone y por qué; y promover un debate sobre el nuevo modelo tributario europeo.