Nacionalizar para salvar empleos

Las últimas crisis industriales de Nissan y Alcoa han reabierto el debate sobre la posibilidad de que las administraciones españolas pudieran entrar en el capital de compañías en crisis, con el objetivo de salvar sus empleos. El vicepresidente primero del Gobierno, Pablo Iglesias, dijo que la Constitución lo permitía y un día después el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, lanzaba una reflexión en la que planteaba la posibilidad de que la Administración catalana modificara su política de incentivos para atraer capital extranjero. “Quizás abandonar la idea de la subvención y pensar más en un entramado de capital para tener incidencia en las decisiones de las multinacionales, ya que demandan que haya una aportación pública para ganar competitividad”, dijo.

“La Constitución implica el derecho de la propiedad y la economía de mercado, pero es cierto que también permite la nacionalización”, defiende sobre el marco general el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona, Xavier Arbós. “El Tribunal Constitucional permite la nacionalización siempre que la actividad de la empresa sea un servicio esencial para la sociedad”, tercia Joan Trayter, catedrático de Derecho Administrativo de la Universitat de Girona. En una sentencia, el Constitucional definió como servicio esencial “aquella actividad industrial o mercantil de la que derivan prestaciones vitales o necesarias para la vida de una comunidad”. En todo caso, la decisión tendría que ser convalidada en el Parlamento, tendría que ser proporcionada y de interés general y la participación de la empresa debería ser pagada con un justiprecio.

Juan Antonio Maroto, profesor de Economía Financiera de la Universidad Complutense de Madrid, matiza que el marco de competencia de la Unión Europea impide las nacionalizaciones, aunque la Comisión ha abierto la posibilidad de “intervenciones financieras” públicas sobre algunas compañías siempre y cuando sean temporales. “La intervención pública tiene su momento y cuando no interviene el factor tiempo (entrada y salida calendarizada) es una aberración, porque estás creando una competencia ilegítima y desleal y porque una Administración Pública va a correr mayores riesgos que una empresa privada”, defiende, aunque asegura que esa potencial incorporación de la Administración en empresas sí que se podría defender para aprovechar la entrada de los sindicatos en los órganos de gobierno, tal y como sucede en algunas empresas en Francia y Alemania.

Las participaciones públicas en empresas privadas no son un camino desconocido en España. La propia Generalitat convirtió en capital unos créditos concedidos al grupo auxiliar de la automoción Ficosa cuando entró Panasonic en su accionariado y recuperó esos recursos públicos poco después. Hoy es el principal accionista de la sociedad que explota el circuito de Montmeló, que cada año cierra con pérdidas, y también es la propietaria de la mayor parte de estaciones de esquí catalanas (también deficitarias), bajo el argumento de que son vitales para la economía de las comarcas donde están ubicadas.

Spanair y Santana

Es recordada también la participación de la Generalitat en la compañía quebrada Spanair, un intento de crear desde la iniciativa privada una aerolínea que impulsara el aeropuerto de El Prat como hub internacional. En Andalucía hubo otro ejemplo: el de la nacionalización de la antigua Santana en 1994 por parte de la Junta de Andalucía para salvar a la plantilla, que acabó dos décadas después con unas pérdidas acumuladas de al menos 287 millones de euros.

Jan Eeckhout, profesor de investigación de ICREA-UPF, vinculado al Departamento de Economía y Empresa de la Universitat Pompeu Fabra, cree que la entrada en una empresa privada debe regirse por dos puntos de partida. “Si realmente puede conseguir aquello que pretende la Administración y si esa entrada en el capital es realmente la mejor forma de hacerlo”, dice. Considera que esas dos premisas se tienen que tener en cuenta porque puede acabar pasando que, aunque el objetivo sea el de salvar los puestos de trabajo, “esas buenas intenciones acaben convirtiéndose en una ayuda a los propietarios de Nissan”. “Parece muy resultón para el político, una fórmula algo populista”, concluye Eeckhout, quien anima a realizar esa misma inversión en comercios y bares a los que la crisis sanitaria les ha hecho un roto durante el estado de alarma.

“Es una pésima idea, porque la Administración utilizará recursos escasos que podría utilizar en la sanidad pública en una empresa que no va a sobrevivir”, apunta más directo Javier Díaz, profesor de Economía del IESE. “Si yo quiero ayudar directamente a la gente, les tengo que dar formación para que se adapten a la nueva situación o destinar esos recursos al ingreso mínimo vital, que me parece una buena idea”, remacha, subrayando que la posibilidad de que ese tipo de propuestas acaben provocando incertidumbre en las empresas que quieran invertir en España.