La Fiscalía pide la suspensión de los jueces de la Audiencia acusados de prevaricación
Si el CGPJ adoptara la decision, los magistrados Cezón, López Ortega y Ollero quedarían apartados de todos sus casos
La Fiscalía del Tribunal Supremo ha solicitado hoy la suspensión en sus cargos de los tres magistrados de la sección cuarta de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional que el pasado mes de diciembre acordaron la puesta en libertad bajo fianza del presunto narcotraficante Carlos Ruiz Santamaría.
En un escrito dirigido a la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el fiscal justifica su petición en la admisión a trámite por parte del Tribunal Supremo de la querella por prevaricación dolosa interpuesta por el Ministerio Público contra Carlos Cezón, Juan José López Ortega y Carlos Ollero.
Así, recuerda que la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) enumera, en su artículo 383, los supuestos de suspensión de jueces y magistrados, "mencionando, entre otros, todos con carácter imperativo, en el número 1: 'Cuando se hubiere declarado haber lugar a proceder contra ellos por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones'".
En ese supuesto, prosigue el fiscal, "el momento en que procede la suspensión (...) habrá de seguir siendo entendido como el de la admisión de la querella", y no el de la mera presentación de la misma.
Esta es la razón por la que el fiscal no ha presentado su informe hasta hoy, una vez vencido el plazo de tres días que los magistrados querellados tenían para presentar recurso contra la admisión de la querella interpuesta por el fiscal general del Estado y que, como no ha sido recurrida, ha adquirido firmeza.
La Fiscalía del Supremo añade en su escrito que "la no suspensión de los magistrados querellados daría lugar (ya se ha efectuado una) a la sucesiva recusación" de los mismos por las partes personadas en las causas que les corresponde enjuiciar.
De prosperar la solicitud del fiscal, los jueces Cezón, López Ortega y Ollero, cuya decisión de abstenerse de juzgar la Operación Temple fue aprobada esta misma mañana por la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional, deberían apartarse también del resto de los asuntos que se tramitan en su sección.
Según la LOPJ, la competencia para acordar la suspensión de los jueces corresponde al CGPJ, cuya Comisión Permanente celebrará una reunión el próximo martes en la que podría debatirse el asunto, si bien fuentes de este órgano no descartaron que la discusión se traslade al Pleno de la siguiente semana o incluso que se convoque un Pleno extraordinario para abordar esta cuestión.
La Audiencia admite la abstención
La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional ha admitido hoy por unanimidad la abstención de los tres magistrados de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal en el juicio por la denominada operación Temple, que ya ha sido señalado para el próximo 3 de marzo tras la designación de un tribunal sustituto.
En una nota hecha pública tras la reunión, la Sala manifiesta que "debe considerarse justificada la abstención de los magistrados a fin de que no se vea menoscabada la necesaria apariencia de imparcialidad de los componentes del tribunal", a raíz de la admisión a trámite por el Tribunal Supremo (TS) de la querella interpuesta contra ellos por la Fiscalía General del Estado por haber excarcelado a uno de los procesados que finalmente huyó.
De este modo, los magistrados Francisco Castro Meije, Angela Murillo Bordallo y José Ricardo de Prada Solaesa serán quienes juzgarán a los 37 procesados en la operación Temple a partir del 3 de marzo, según han informado fuentes jurídicas.
Los jueces que pusieron en libertad al presunto narcotraficante Carlos Ruiz Santamaría, "El Negro", acordaron el pasado lunes abstenerse de juzgar la operación Temple, en la que fueron incautadas más de diez toneladas de cocaína, después de haber celebrado dos sesiones del juicio.
La decisión de los magistrados se produjo días después de que la Fiscalía Antidroga promoviera contra ellos un expediente de recusación acogiéndose a la propuesta de abstención voluntaria en esta causa, que también les propuso la Fiscalía con el fin de evitar la tramitación de dicho expediente.
La Fiscalía Antidroga presentó el incidente de recusación en la Audiencia Nacional a raíz de la admisión a trámite de la querella interpuesta por la Fiscalía General del Estado contra los tres magistrados por un presunto delito de prevaricación en la puesta en libertad del presunto narcotraficante.
Tras la abstención voluntaria de Cezón, López Ortega y Ollero en este juicio la Presidencia de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acordó la designación de los tres magistrados sustitutos y dio traslado de esta elección a la Sala de Gobierno de este tribunal junto al testimonio sobre la abstención para que la autorizara si procedían las causas prevista por la Ley.
Así hoy la Sala de Gobierno ha aprobado la abstención recogiendo el mismo argumento expuesto en el auto que emitieron los magistrados y en el que afirmaban que la admisión a trámite de la querella de la Fiscalía por el Supremo "da lugar a que pueda verse menoscabada la necesaria apariencia de imparcialidad de los componentes de este tribunal para la decisión de esta causa".
