El juez confirma el cierre de 'Egunkaria' por seis meses

El juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo ha acordado hoy "la clausura temporal por seis meses de las sociedades mercantiles Egunkaria Sortzen S.L., Egunkaria S.A. y del diario Euskaldunon Egunkaria, de sus locales, sedes y establecimientos, así como suspender sus actividades" por este mismo período. Igualmente, decreta el embargo de todos sus bienes y el bloqueo de las cuentas relacionadas con las empresas citadas.

En un auto notificado hoy, el juez estima que "nos encontraríamos presuntamente ante un 'proyecto' terrorista de la organización ETA desde su inicio u origen (en 1990) hasta el momento presente", añadiendo que la banda "ha utilizado el diario como vía de canalización de su proyecto y para "mediar entre la organización terrorista clandestina y eventuales sectores sociales proclives a compartir las actuaciones, fines u objetivos".

Para el juez, la investigación ha revelado que "todo el entramado o proyecto presuntamente está dirigido y generado por ETA, responde a una estrategia terrorista y atiende a una actuación a medio y largo plazo, pero que en todo caso responde a intereses terroristas evidentes".

Directivos nombrados por ETA

Del Olmo sostiene ETA es la que controla el diario y cita como dato relevante "que las personas en su momento 'designadas' o que obtuvieron el 'visto bueno' de ETA siguen siendo las mismas en los puestos directivos esenciales (presidente del Consejo de Administración, Consejero Delegado, director del periódico)".

Asimismo, entiende que, una vez conseguida la creación de un diario útil para sus intereses, económicamente establecido y que incluso goza de las subvenciones oficiales, no es "mínimamente creíble" que la banda terrorista "lo abandone", cosa que no ha hecho. De hecho, el magistrado afirma que si Egunkaria ha procurado "enmascarar" sus vínculos con ETA ha sido para "minimizar riesgos de persecución penal".

Finalmente, el juez anuncia que la medida acordada tendrá que ser revisada dentro de seis meses a partir del pasado 20 de febrero, es decir, el 20 de agosto. Ese día se realizará una vistilla ante el juez a la que asistirán el Ministerio Fiscal y los representantes legales de las entidades clausuradas.