_
_
_
_
_
LA SITUACIÓN EN EL PAÍS VASCO

Un centenar de presos de ETA pide el tercer grado en contra de la estrategia habitual

La banda terrorista intenta con ello paliar la baja moral de sus presos y quitar tensión en el colectivo

La banda terrorista ETA ha cambiado en las últimas semanas su estrategia histórica respecto a sus presos, que consistía en no observar los grados de clasificación penitenciaria. Los abogados habituales de la banda han pedido el tercer grado y la libertad condicional para un grupo de casi 100 presos etarras.

Más información
Otegi se reunió con la dirección de ETA, según una declaración de Xabier Alegria
ETA pide que se responda en las urnas al 'apartheid' de la izquierda 'abertzale'
ETA busca una alternativa a Batasuna
Detenido el director de la sucesora de 'Ardi Beltza' por su presunta integración en ETA
El fiscal pide que se procese a la dirección de la rama juvenil de ETA
Detenido un delegado de LAB y su novia en la operación contra ETA
La Ertzaintza detiene al coordinador del 'comando Vizcaya' y a otras tres personas
Víctimas de ETA apelan en Nueva York a la rebeldía ciudadana contra los terroristas

Fuentes de la lucha antiterrorista han explicado a Europa Press que, con esta decisión, ETA intenta mimar a los presos, reducir la presión del colectivo y tantear al nuevo juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional. Sin embargo, fuentes consultadas por EL PAIS señalan que las administraciones penitenciarias no han recibido ninguna petición en este sentido ni tampoco una solicitud de informes de la Audiencia sobre estos presos. En todo caso, el diario >Gara ya adelantó esta estrategia el pasado 5 de septiembre, que contradice las reflexiones de la militancia etarra, como la que se hacía en un documento incautado José Antonio López Ruiz, Kubati, condenado a 1.076 años de cárcel: "¿Sabéis dónde terminaría nuestro afán por los grados y los permisos? en una carrera hacia la reinserción que propugna el enemigo".

La medida, según las fuentes consultadas, no es una iniciativa individual de los reclusos, como en otras ocasiones en las que se ha producido algunas disidencias, sino una medida adoptada por la propia banda terrorista. Hasta ahora ETA rechazaba que sus reclusos pidiesen el tercer grado. Este rechazo respondía a que asumir la reclasificación implicaba aceptar que los presos de ETA no son presos políticos, como ellos se definen, sino presos de carácter social que van escalando en los grados penitenciarios a medida que aceptan y cumplen el tratamiento reeducador.

Para poder acceder al tercer grado, los presos etarras, como cualquier otro recluso, deben cumplir una serie de requisitos: el arrepentimiento activo, pedir perdón de manera explícita a las víctimas y aceptar la responsabilidad civil derivada por sus delitos en caso de ser condenados a ello. A su vez, los preceptos para que el juez de Vigilancia Penitenciaria conceda la libertad condicional son que el preso esté clasificado en tercer grado, tener las tres cuartas partes de la condena cumplida -o excepcionalmente las dos terceras- y un pronóstico favorable de reinserción.

Juez de Vigilancia Penitenciaria

Según las fuentes consultadas, con este giro la banda terrorista intenta dar la sensación de que se ocupa de los presos, en un momento especialmente difícil para la moral del colectivo por los éxitos en la lucha antiterrorista y el desmantelamiento de las estructuras políticas y sociales del entorno etarra. Asimismo, la cascada de peticiones de tercer grado va a tantear al nuevo juez central de Vigilancia Penitenciaria, Javier Gómez Bermúdez, quien centraliza las decisiones sobre beneficios penitenciarios a los reclusos etarras, después de la polémica que provocaron algunas decisiones de la juez de vigilancia penitenciaria de Bilbao, Ruth Alonso.

Entre los presos incluidos en la lista figuran terroristas con historiales sangrientos como la antiguo miembro del Comando Madrid, María Inmaculada Noble Goicoechea, Ana, condenada por el atentado de la calle Juan Bravo de Madrid, que costó la vida a cinco agentes de la Guardia Civil, y el asesinato del militar Ricardo Sáenz de Ynestrillas y el soldado Francisco Casillas.

También constan Carlos Torrecilla, condenado por más de veinte delitos, entre los que destacan el asesinato del subcomisario Ortiz de Urbina y el del general retirado Luis de Azcarraga, o el etarra Antonio Troitiño, condenado a 2.232 años por el atentado de la Plaza de la Plaza de República Dominicana, en Madrid, que costó la vida a 12 guardia civiles.

Regístrate gratis para seguir leyendo

Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
_

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
_
_