El Gobierno convoca para mañana un Consejo de Ministros extraordinario sobre Marbella

El Gobierno ha convocado para mañana una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros que tendrá como único punto en su orden de día inicial el procedimiento que concluya con la disolución del Ayuntamiento de Marbella. El Ejecutivo ha hecho pública esta noche la decisión de convocar este Consejo Extraordinario que se reunirá en el Palacio de la Moncloa a partir de las once.

Tras esta convocatoria, el presidente del Gobierno tendrá que modificar su agenda para este martes, ya que a las once estaba previsto su encuentro con el lehendakari, Juan José Ibarretxe para hablar sobre el alto el fuego anunciado por ETA. La cita tendrá finalmente lugar a las 11.45.

Este martes también está previsto que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía analice el informe jurídico en el que se plantea la posibilidad de instar al Ejecutivo central a disolver el Ayuntamiento de Marbella tras la presunta trama de corrupción puesta al descubierto por la Operación Malaya. De hecho, el consejero andaluz de la Presidencia, Gaspar Zarrías, ha considerado que se dan las circunstancias objetivas para la disolución del Ayuntamiento de Marbella.

Una gestora asumirá el poder

Pero el Consejo de Ministros puede adoptar por iniciativa propia la decisión de disolver el Ayuntamiento marbellí, lo que podría conllevar que una gestora designada por la Diputación Provincial de Málaga asumiera, según la legislación vigente, la gestión de los asuntos de esa corporación. El artículo 61 de la Ley de Régimen Local explica que el Gobierno puede acordar la disolución de una corporación "en el supuesto de gestión gravemente dañosa para los intereses generales que suponga incumplimiento de sus obligaciones constitucionales". El Gobierno autonómico debe ser informado y la disolución debe contar con un acuerdo favorable del Senado.

Una vez disuelto el Ayuntamiento, la Ley electoral señala que deberán convocarse elecciones parciales para constituir una nueva corporación dentro del plazo de tres meses. El artículo 183 de la Ley establece no obstante que esa convocatoria electoral no se hará si el nuevo Ayuntamiento se fuera a constituir en el último año del mandato municipal, como ocurre en Marbella, por lo que se baraja la opción de crear la comisión gestora designada por la Diputación Provincial.

Sin embargo, el PP exige que se convoquen elecciones acogiéndose al artículo 50 de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común que establece que, en caso de urgencia, se pueden reducir a la mitad los plazos establecidos para la convocatoria de elecciones.

Comparecencia de seis abogados

Mientras tanto, cuatro de los seis abogados detenidos en la operación contra la corrupción en el Ayuntamiento de Marbella han declarado ante el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la localidad, Miguel Angel Torres. Según el letrado que ejerce la defensa de los detenidos, Horacio Oliva, el juez no ha adoptado aún ninguna resolución respecto a los cuatro abogados que han aportado su testimonio. Los seis detenidos que han sido puestos a disposición judicial son Juan Luis S.P., Francisco S.P., Francisco S.Z., Manuel S.M., Miguel P.C. y Juan Manuel B.S.Z.

El letrado que ejercerá la defensa de los detenidos, Horacio Oliva, ha asegurado que desconoce las acusaciones que pesan contra los abogados y la actuación por la que se les vincula con esta trama. En el auto de prisión del asesor municipal de Urbanismo, Juan Antonio Roca, el juez mantiene que los socios y empleados de este gabinete jurídico eran los encargados de estructurar las sociedades del primero, que ha sido encarcelado.

Los abogados arrestados han sido trasladados a dependencias judiciales pasadas las 9 horas, donde prestarán declaración a lo largo del día. Fuentes cercanas a la investigación han informado de que los detenidos son Juan Luis S.P., Francisco S.P., Francisco S.Z., Manuel S.M., Miguel P.C. y Juan Manuel B.S.Z.

Con estas comparecencias, el juez finaliza la toma de declaración a los detenidos en los últimos días en el marco de la operación Malaya, por la que han ingresado en prisión hasta la fecha siete inculpados y han quedado en libertad con cargos otros diez. En la actuación policial han sido bloqueadas más de un millar de cuentas bancarias, se han efectuado hasta veinte registros domiciliarios y se han incautado bienes por valor de unos 2.400 millones de euros.