El PP propone dar microcréditos a las víctimas de violencia machista
Condena generalizada a los asesinatos de cuatro mujeres de ayer
El Partido Popular ha propuesto hoy la concesión de microcréditos a las mujeres que sean víctimas de malos tratos "para que estas mujeres puedan vivir donde crean conveniente y empiecen una nueva vida con sus hijos, alejadas de sus maltratadores". La secretaria ejecutiva de Política Social del PP, Ana Pastor, ve necesario, además, que el consumo de drogas o alcohol no sean atenuantes a la hora de juzgar al agresor, que las sanciones por quebrantamiento de las órdenes de alejamiento sean tramitadas a través de juicios rápidos y planes personalizados para las víctimas.
Pastor, en Pontevedra, se declaró "consternada" por las cuatro muertes de mujeres a manos de sus parejas de ayer y prometió que buscar consenso entre todos los partidos para acabar con el problema será una de las primeras cosas que haga el PP si llega al poder.
Por otra parte, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha asegurado hoy que el Gobierno terminará con la violencia contra las mujeres aunque cueste. "La violencia que se ejerce contra las mujeres es intolerable. Vamos a seguir trabajando para acabar con ella y os aseguro que, aunque va a costar, vamos a acabar con ella", ha afirmado De la Vega en un acto de campaña en Xátiva (Valencia).
La vicepresidenta también ha valorado la creación de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y otras medidas aprobadas por el Gobierno durante ésta legislatura y ha recordado que es un problema para el que "no existen fórmulas mágicas", sólo "políticas rigurosas y, sobre todo, el rechazo total de toda la sociedad".
Comisión urgente
La Federación Española de Municipios y Provincias ha acordado hoy la constitución con carácter de urgencia de una comisión intersectorial para abordar el problema de la violencia machista y acordar una respuesta "contundente"desde el ámbito local que incluya a todos los actores implicados. Así lo ha acordado la Comisión de Igualdad de la FEMP en su reunión de hoy en Sax (Alicante), que también ha expresado su "total repulsa" a la violencia contra las mujeres. La federación también llamó a todas isntituciones a "seguir en su empeño de hacer realidad en pueblos y ciudades el principio de igualdad entre hombres y mujeres, principio fundamental de toda la sociedad".
La organización agrupa 7.286 entidades, entre Ayuntamientos, Diputaciones, Consejos y Cabildos Insulares.
"Es el estado, no la sociedad, quien debe velar por la seguridad de las mujeres"
"La violencia de género es una cuestión de derechos humanos y por tanto es el Estado el que debe poner los medios necesarios para acabar con esta lacra", ha afirmado hoy la responsable de campañas de Amnistía Internacional, Eva Suárez Llanos. Ha añadido que la violencia de género nace de la desigualdad y la discriminación de las mujeres; pero, puntualiza, no puede pedirse a la sociedad que esté alerta y denuncie si la Administración no es capaz después de garantizar la seguridad de las mujeres.
Suárez considera que es el Estado quien debe formar a los juristas, sanitarios y trabajdores sociales en la atención a las mujeres víctimas de maltrato. Es necesario, también, poner en marcha campañas que promuevan el "cambio cultural" en la sociedad.
La responsable de Amnistía Internacional ha reconocido que la ley contra la violencia de género ha sido un "gran avance" y es un "instrumento importantísimo" en la lucha contra el problema. Considera que es injusto juzgar los resultados de la ley por el número de muertes, pero asegura que los derechos que la ley propone no son todavía efectivos. Suárez ha pedido al Gobierno que evalúe "caso por caso" qué es lo que ha fallado en la aplicación de la ley.
Por otra parte, fuentes de la administración penitenciaria han informado de que ya son 4.000 los hombres presos por delitos relacionados con la violencia machista desde la entrada en vigor de la Ley Integral de Medidas de Protección Contra la Violencia de Género. Suponen el seis por ciento de la población penitenciaria. Siete de cada diez de los hombres que han comparecido ante el juez por este tipo de delitos ha sido condenado, en total 50.000 hombres.
