La Comunidad de Madrid reforma su Ley de Cajas

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha dado el visto bueno a la reforma normativa para adaptar la legislación regional de cajas a las novedades dictadas por el Estado lo que, según ha admitido el consejero de Economía, Antonio Beteta, afectará al proceso electoral en Caja Madrid. La reforma, ha explicado Beteta en conferencia de prensa, está incluida en el anteproyecto de Ley de Medidas Fiscales y Administrativas para 2009 que hoy ha analizado el Consejo de Gobierno y que será remitido al Consejo Económico y Social (CES) para su preceptivo informe antes de ser sometida al juicio de la Asamblea.

El proyecto de ley que recoge la adaptación de la normativa regional a la Ley Orgánica de Regulación de Cajas de Ahorro (LORCA) recoge, entre sus novedades, las modificaciones que afectan al régimen de los órganos de gobierno de las cajas y a su forma de elección. Tras recordar que Madrid se suma así al resto de comunidades que han adaptado su normativa a la LORCA, Beteta ha subrayado que Caja Madrid, pese a lo dispuesto en la legislación estatal, no ha adecuado ni sus estatutos ni su reglamento electoral, "al contrario que otras comunidades como Cantabria, Andalucía, Valencia, Murcia, Asturias, Catilla y León y La Rioja, que ya han procedido a su adaptación".

Ha admitido además que la nueva norma, que entrará en vigor el 1 de enero de 2009, "sí afectará" al proceso que en Caja Madrid. Entre otras actuaciones referidas a este proceso electoral, el texto prevé la modificación de los Estatutos de Caja Madrid y su reenvío a la Consejería de Economía y Hacienda para su visto bueno, pero "en ningún caso", ha dicho Beteta, paralizará la renovación de los órganos rectores de la entidad financiera madrileña. Preguntado expresamente sobre si con esta reforma pretende paralizar el proceso electoral en Caja Madrid, que prevé la reelección de Miguel Blesa en la presidencia, Beteta ha contestado que "en absoluto". Ahora bien, la reforma estará plenamente aplicada para el mes de mayo, cuando se prevé se produzca la siguiente fase del proceso iniciado ahora -las elecciones de Corporaciones Municipales- y que ha levantado la polémica en la arena política.

Un mínimo de 50 anotaciones en cuenta

El texto que hoy ha analizado el Gobierno de Esperanza Aguirre propone, entre otras cuestiones, que cuando alguna caja tenga abierta oficina en más de una comunidad, los consejeros generales en representación del sector de corporaciones locales se determinarán teniendo en cuenta los depósitos captados en cada región. A este efecto, "existirán tantas circunscripciones como comunidades en las cuales tenga presencia la caja", ha dicho Beteta, que ha precisado "que los depósitos captados se ponderarán en función de los depósitos ponderados por habitante". Respecto a los consejeros elegidos por el sector de Impositores, la nueva normativa regional establece dos circunscripciones electorles: los que se eligen por parte de la Comunidad de Madrid y los elegidos en el resto de comunidades autónomas. El número de consejeros generales de este sector también tendrá en cuenta los depósitos ponderados captados en cada circunscripción en función de la ratio de depósitos por habitante.

La normativa regional, además, actualiza los requisitos para acceder al cargo de consejero general por el sector de Impositores al exigir un mínimo de 50 anotaciones en cuenta o haber mantenido en un semestre un saldo medio no inferior a 600 euros. También contempla la creación de las comisiones de Retribuciones, de Inversiones y del Comité de Auditoría, ya existentes en Caja Madrid pero no incluidas ni en la Ley ni en los estatutos. El consejero madrileño ha asegurado que el nuevo texto "no reforma" el porcentaje que cada uno de los sectores tiene en el pleno de la Asamblea de Caja Madrid, y ha negado que haya sido objeto de un pacto con el PSOE.

Ha precisado a este respecto que fue él mismo quien informó "pormenorizadamente" a la portavoz del Grupo parlamentario Socialista, Maru Menéndez, de los objetivos que se pretendían con esta reforma, y ha expresado su deseo de que ésta reciba el voto favorable de los diputados socialistas "porque lo han hecho prácticamente igual en numerosas comunidades donde ellos gobiernan". CC OO ha rechazado la modificación de la Ley "por haberse planteado de un modo prepotente y unilateral". Por su parte, UGT ha pedido la dimisión de Blesa, al considerar que no cuenta con los apoyos suficientes para mantenerse al frente de la entidad madrileña.