Conde-Pumpido pide al Gobierno reformas legales para echar a ANV de los ayuntamientos

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha solicitado al Gobierno una modificación de la Ley de Régimen Local para impedir que los concejales de ANV permanezcan en los Ayuntamientos del País Vasco y Navarra dada su condición de cargos electos pese a la ilegalización del partido, según ha explicado hoy en el Senado. "Nos hemos dirigido al Gobierno sugiriendo una posible y sencilla solución legislativa para resolver los supuestos en los que las pruebas de vinculación de una candidatura con una organización terrorista se obtienen después de las elecciones y por tanto ya no es viable ni eficaz la impugnación en sede judicial", ha asegurado Conde-Pumpido.

Esta reforma es una de las medidas que el Gobierno estudió antes de las últimas elecciones vascas. La vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega aseguró al inicio de la campaña que el Ejecutivo trabajaba en la búsqueda de una fórmula para impedir que una organización ilegalizada pueda gobernar en las alcaldías.

Conde- Pumpido ha comparecido en el Senado a petición del Partido Popular para ofrecer explicaciones acerca de su política antiterrorista que ha calificado como "la amenaza más importante para la convivencia tanto en el plano doméstico como internacional". "La amenaza sigue viva, aunque el trabajo de muchos ha permitido reducir su capacidad no quiere decir que los violentos no traten de aprovechar todo lo que está a su alcance para causar dolor".

Polémicas declaraciones

La polémica por las manifestaciones de la semana pasada de Conde-Pumpido, en las que cuestionaba la falta de colaboración de la Policía en la lucha contra el entorno de ETA ha llegado hoy al Congreso. El diputado del PP Arturo García Tizón ha asegurado que estas declaraciones entrañan una "fisura en la lucha contra ETA" y suponen un episodio "extraordinariamente grave" que "no puede quedar así". García- Tizón ha pedido al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, que abra una investigación interna y que de demostrarse que las palabras del fical tiene fundamento se cese la cúpula policial.

Rubalcaba ha insistido en que el propio fiscal aclaró sus manifestaciones. "Los informes llegaron a la policía y al fiscal y permitieron la demanda que condujo a la ilegalización de D3M y Askatasuna. Ambos colaboraron", ha asegurado el titular de Interior.

Refugio en las instituciones

"Cuando hay responsabilidades políticas, usted se refugia detrás de las instituciones", ha replicado el diputado del PP, quien también ha criticado la "falta de coordinación" entre las fuerzas de seguridad. Rubalcaba ha pasado a la ofensiva: "En la base de antecedentes policiales que se comparten hay 13 de millones de visitas recíprocas entre Policía y Guardia Civil. Eso es coordinación".

Sobre las diferencias en el cómputo de datos de criminalidad entre la fiscalía y la policía, que ha denunciado Garcia Tizón, Rubalcaba ha explicado la diferente forma de contabilizarse los delitos. "Me ha hablado de la operación Malaya. Hablemos de la Gürtel. Esa operación para la policía es una y para la fiscalía tres". El ministro ha ahondado en la trama corrupta que salpica a cargos del PP. "La misma policía que detiene a etarras es la que investiga el caso Gürtel, ha añadido Rubacaba. "No puede darnos lecciones de nada, como el caso Gürtel. Ustedes son el único partido condenado por financiación ilegal. Tienen especial sintonía con algún juez de la Audiencia, que no ha abandonado ese marchamo socialista. Estamos esperando que algún diputado socialista pida disculpas por el caso del lino. De lecciones poquitas", ha respondido García-Tizón.