La Audiencia dictará el 19 de mayo la sentencia del Yak-42
El juez Bermúdez la hará pública tras el juicio contra tres mandos militares por las identificaciones erróneas.- La fiscalía pidió prisión para los acusados por "inventarse" la lista de fallecidos
La Audiencia Nacional dictará la sentencia del juicio sobre las identificaciones erróneas en el accidente del Yak-42 el próximo 19 de mayo, según fuentes judiciales. El presidente del tribunal, Javier Gómez Bermúdez, la hará pública tras la celebración en las últimas semanas de la vista en la Sala de la Penal contra los mandos militares acusados de falsedad documental en la repatriación de los cadáveres de los 62 militares españoles fallecidos en el accidente de la aeronave en 2003 en Turquía.
El juicio quedó visto para sentencia el pasado 21 de abril, tras pasar por la Audiencia en varias sesiones los tres acusados -el general Vicente Navarro, el comandante Ramírez y el capitán médico Sáez- y varios testigos, entre ellos forenses turcos que participaron en la identificación de los cuerpos y que señalaron que el equipo español retornó con 30 cadáveres sin identificar, siendo conscientes de ello, por que "tenían prisa" para llegar al funeral de Estado.
En la segunda sesión del juicio, el teniente general José Antonio Beltrán, coordinador de los trabajos, reconoció que el ex ministro Federico Trillo le pidió que el traslado de los cadáveres se produjera "cuanto antes", mientras que el capitán enfermero Antonio González admitió que las tareas "se aceleraron" para poder llegar al funeral. "Procuramos dulcificar las circunstancias de una muerte absolutamente indescriptible para que esas familias que ya han perdido al ser querido no sigan torturándose", afirmó el general Navarro durante su última declaración en el tribunal.
Petición de cárcel
El fiscal del caso Fernando Burgos solicitó prisión para los tres mandos militares por "inventar" las identidades de los militares fallecidos. La petición es de cinco años de prisión para Navarro y cuatro años y medio para Sáez y Ramírez por un delito continuado de "falsedad documental", al alterar la lista de los cuerpos y falsear las necropsias, además de los certificados de defunción, las licencias de enterramiento y registros de los cementerios. Además de la pena de prisión, el fiscal solicitó una multa y una pena de inhabilitación especial para cada uno de los tres acusados: de 30.000 euros y cinco años para Navarro y de 24.000 euros y cuatro años y medio para Ramírez y Sáez.
Pese a la solicitud de los familiares de las víctimas en el siniestro de llamar a declarar a los responsables políticos en el momento que sucedieron los hechos, como el ex presidente José María Aznar y el ex ministro Trillo, el presidente del tribunal rechazó su comparecencia en el juicio como testigos.
