El juez imputa a los dos jefes del boliviano que perdió un brazo
El Gobierno regulariza al trabajador sin papeles por "razones extraordinarias"
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Gandia (Valencia) ha citado como imputados a los dos hermanos responsables de la panificadora de Real de Gandia, donde un trabajador sin papeles de origen boliviano perdió un brazo en un accidente laboral. Según un comunicado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, el instructor del caso ha acordado, entre otras diligencias, tomar declaración en calidad de imputados a los dos hermanos, aunque de momento no ha fijado fecha para el interrogatorio.
La actuación judicial coincide con la decisión de Gobierno, que ha anunciado esta mañana la regularización "por razones extraordinarias" del trabajador boliviano y ha remitido a la Fiscalía un informe de Inspección de Trabajo que denuncia "graves deficiencias de seguridad e higiene" en la panificadora de Valencia donde trabajaba. Así lo ha anunciado la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha asegurado que, nada más tener conocimiento de los hechos, el Ejecutivo puso en marcha "todos los medios" para averiguar lo sucedido y "exigir el cumplimiento estricto de la ley".
"Graves deficiencias de seguridad e higiene".
"Esta misma mañana, hace poco más de una hora, el trabajador accidentado, Franns Rilles Melgar, ha sido regularizado por razones extraordinarias", ha señalado. Fernández de la Vega ha explicado que la Inspección de Trabajo acudió "de forma inmediata" a la empresa panificadora de Real de Gandía en la que trabajaba el inmigrante boliviano, y emitió un informe en el que se "aprecian graves deficiencias de seguridad e higiene".
El trabajador boliviano, que sufrió la amputación de su brazo izquierdo el 28 de mayo, estaba empleado en la empresa en situación ilegal, donde trabajaba doce horas al día por 700 euros al mes. Su jefe tiró el brazo a un contenedor de basura después del accidente, lo dejó a 200 metros del hospital y le pidió que no dijera nada sobre su situación laboral.
La Guardia Civil detuvo la semana pasada a los dos jefes del joven, hermanos propietarios del horno, por un delito contra los derechos de los trabajadores, ya que, supuestamente, tenían trabajando a su cargo a personas sin ningún tipo de contrato. Respecto a la denuncia del joven de que uno de los jefes le abandonó, la Guardia Civil está investigando los hechos. Por el momento, ha clausurado el establecimiento. La madre, Shirley Vargas, ha pedido esta tarde ayuda para poder estar con su hijo.
Vargas, en una entrevista al canal televisivo Red Uno, ha explicado que los funcionarios bolivianos en España están dando a su hijo las máximas atenciones, pero que ella necesita dinero para poder ir a España y cuidarle. "Pediría que me proporcionen todo lo que necesito para viajar hasta allá, yo quisiera ir. Yo sola no puedo salir, no tengo dinero. Pido dinero para tratar a mi hijo", ha añadido.
