El SUP denuncia que Velasco ordenó a la Ertzaintza detener a un etarra en Jaca
El SUP pide al Fiscal General, el CGPJ y Justicia en sendos escritos que actúen contra el juez Eloy Velasco
La detención de un presunto etarra en Jaca (Huesca) por efectivos de la Policía autónoma vasca ha soliviantado al principal sindicato de la Policía Nacional, que ha presentado sendas denuncias ante el Fiscal General del Estado, el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia contra la orden dada por el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, que propició la operación de la Ertzaintza.
El Sindicato Unificado de Policía (SUP) solicita en sus escritos que se practiquen las diligencias pertinentes para esclarecer los hechos y se proceda a depurar las posibles responsabilidades penales en las que hubiera podido incurrir el juez.
En opinión de la asociación, dicha orden vulnera "flagrantemente" lo dispuesto en la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y la Ley de Policía del País Vasco, que establecen el ámbito territorial donde pueden actuar los distintos cuerpos policiales y señalan las competencias para la Ertzaintza en el territorio de dicha comunidad y dependiendo del Gobierno autonómico.
"En consecuencia con las leyes anteriores, bajo ninguna circunstancia puede actuar dicha Policía autonómica fuera de su territorio, pues carece de la legitimidad legal que le faculta para ello", añade la denuncia.
Asimismo, en el escrito que el SUP ha dirigido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se solicita al órgano de gobierno de los jueces que abra una investigación y depure las posibles responsabilidades disciplinarias.
El sindicato policial también ha remitido un tercer escrito al Ministerio del Interior, al que pide que adopte las medidas pertinentes para que en el futuro las fuerzas de seguridad estatales, autonómicas y locales en España "se atengan al cumplimiento de las competencias y al ámbito de actuación que establece la ley".
Por último, el SUP ha anunciado que pedirá el pronunciamiento de la Junta de Gobierno del Cuerpo Nacional de Policía sobre los hechos denunciados "en defensa de la legalidad establecida y en aras de una efectiva y leal colaboración y coordinación entre los distintos cuerpos policiales en la lucha antiterrorista".
