El fiscal rechaza imputar a Trillo por irregularidades en la contratación del Yak-42
Se opone a la petición de las familias de ampliar las imputaciones iniciales porque no existen nuevos datos que modifiquen la causa
La Fiscalía de la Audiencia Nacional se ha opuesto hoy a la petición de las familias de las 62 víctimas del Yak-42 de imputar a más personas, entre ellas el ex ministro de Defensa Federico Trillo, por las irregularidades en la contratación de la aeronave, siniestrada en mayo de 2003 en Trebisonda (Turquía).
Así lo han explicado fuentes jurídicas después de que la sección cuarta de la Sala de lo Penal de este tribunal, compuesta por los magistrados Ángela Murillo, Paloma González y Francisco Martel, se haya reunido a puerta cerrada para estudiar conjuntamente los recursos que las acusaciones presentaron hace 18 meses contra la decisión del juez Fernando Grande-Marlaska de rechazar nuevas imputaciones en esta causa.
Las mismas fuentes han indicado que el fiscal considera que no se pueden "extender responsabilidades como una mancha de aceite a toda la Administración militar española", por lo que ha apoyado que se mantengan las cinco imputaciones iniciales porque no existen nuevos datos ni se han producido otros hechos que modifiquen la causa.
Cinco imputados
El 20 de mayo de 2008 el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska imputó un delito de imprudencia grave con resultado de muerte a cinco mandos militares: el ex jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) Antonio Moreno Barberá, el jefe del Estado Mayor Conjunto (EMACON), Juan Luis Ibarreta, y los responsables de este último organismo José Antonio Martínez Sainz-Rozas, Joaquín Yáñez González y Alfonso Elías Lorenzo Taboada.
Un mes y medio después, el magistrado rechazó imputar a Trillo al no apreciar indicios de criminalidad en su forma de actuar porque el ex ministro no tuvo ningún papel en la contratación del avión. Tampoco imputó a otros militares, a dos empleados de la empresa Chapman Freeborn (contratista de la aeronave) y a dos técnicos de Aviación Civil, porque entendió que "las condiciones y circunstancias de la contratación del avión siniestrado, en todo caso, gravitaban [...] sobre el Estado Mayor Conjunto (EMACON)".
Las familias recurrieron entonces para pedir una veintena de imputaciones, entre ellas las de los ex jefes del Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEME) y del Aire (JEMA) Luis Alejandre Sintes y Eduardo González-Gallarza Morales, respectivamente. Además, quieren que se impute a otros cargos militares, como el ex jefe de la División de Planes del EMACON Ángel Guinea y el ex responsable del Centro de Conducción de la Defensa (CECOD) José Antonio Beltrán.
