El Poder Judicial nombra presidente del TSJ del País Vasco a Juan Luis Ibarra
Desavenencias de última hora dejan fuera del cargo a Juan Mateo Ayala, que partía como favorito
El Consejo General del Poder Judicial ha designado hoy presidente del Tribunal Superior del País Vasco contra todo pronóstico al juez Juan Luis Ibarra, quien ha recibido14 votos favorables por los seis que se han decantado por el candidato que partía como favorito, Juan Mateo Ayala.
Las desavenencias en el seno del CGPJ acerca del nombramiento de Juan Pablo González (ex vocal conservador del propio Consejo) para presidir la Audiencia Provincial de Guipúzcoa han provocado que el pacto entre progresistas y conservadores se rompiera. Ninguno de los tres candidatos ha obtenido los once votos necesarios (mayoría simple) para acceder a este cargo, por lo que el concurso se ha declarado desierto y el proceso para cubrirlo ha de iniciarse de nuevo.
Finalmente, ambos bloques han llegado a un acuerdo de mínimos para facilitar la designación del presidente del Superior y romper un bloqueo que se prolongaba desde hace ya más de un año. Aunque la cuestión no figuraba en el orden del día, los vocales del Poder Judicial han decidido abordarla en el último momento para evitar hacer más daño a la ya deteriorada imagen del Poder Judicial.
Así, Ibarra, que defendió el pasado día 18 su candidatura con el historial profesional más completo y el programa más detallado, se ha hecho con el puesto. Fundador de Jueces para la Democracia, atrae a los progresistas pero también a los conservadores, pues como presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha mantenido buenas relaciones con hasta ahora máximo representante del Superior en funciones, Fernando Ruiz Piñeiro.
En dicha sesión, la primera abierta al público, quedó patente la división entre los vocales progresistas.
Nacido en Sopelana (Vizcaya) en 1948, Ibarra es Doctor en derecho y profesor universitario y se inició en la carrera judicial en 1987. Era hasta hoy el número dos del Superior vasco gracias a la presidencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo que ostenta desde 2003. En su historial destacan los tres años que ejerció para el Ministerio de Justicia, a mediados de los 90 del siglo pasado, y la prestación de servicios para la ONU y la Unión Europea.
