El PSPV denuncia el registro del despacho de la interventora destituida en Mislata

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Mislata (Valencia) ha denunciado hoy que la concejal del PP Ligia Rodrigo, acompañada de la Policía Local, ha registrado el despacho de la interventora, Herminia Llop, que fue destituida la semana pasada, y se ha llevado documentación por orden del alcalde, Manuel Corredera. Los socialistas han exigido al alcalde una explicación "clara y contundente, de una vez, en lugar de esconderse y ordenar registros intolerables y escandalosos".

El PP, que en un principio tenía previsto responder mañana en una conferencia de prensa, ha emitido esta tarde un comunicado en el que afirma que "sólo se ha procedido a la apertura del despacho con llaves nuevas para que la interventora accidental pudiera hacer uso de los expedientes", y que ello se ha hecho "a la luz del día, delante de todos los trabajadores, ante las cámaras de televisión y los agentes de la policía".

El Ayuntamiento, sin embargo, adjunta un informe de la Policía Local que relata una revisión minuciosa del estado del despacho. Señala que "se encontraba ordenado", aunque había "varios documentos rotos" en el suelo y otros "parcialmente rotos" en una bolsa que se ha entregado al secretario del Ayuntamiento. También detalla que hay un llavero de color azul en la mesa y que se realiza un "reportaje fotográfico y otro de vídeo" de las dependencias.

Para los socialistas, la situación del Ayuntamiento es de "extrema gravedad" y las decisiones de Corredera en torno al conflicto con la interventora son "propias de un estado policial con un abuso de poder extremo". El alcalde decidió el viernes pasado suspender por un máximo de seis meses a la interventora "por incumplimiento de las funciones esenciales en su puesto de trabajo" tras una largo enfrentamiento en torno a un convenio con Lubasa para la construcción de cuatro aparcamientos. La empresa decidió paralizar la obra del último aparcamiento y el PP liquidó el contrato por 17,6 millones de euros, un precio superior al de la licitación inicial. La interventora no vio clara la operación, se enfrentó a la alcaldía y defendió que Lubasa indemnizara al Ayuntamiento por la infraestructura inconclusa. Corredera ha zanjado el conflicto por la vía de suspenderla de sus funciones.

"Esta nueva decisión", han afirmado los socialistas en relación con el registro de hoy, "es absolutamente escandalosa, pone nuevamente en la picota las afirmaciones de la interventora de enriquecimiento injusto y los numerosos reparos a la liquidación efectuada a la empresa Lubasa".

La oposición también señala que el alcalde "aún no ha dado ningún tipo de explicación ni a los partidos políticos ni a los integrantes de la junta de personal, reunida hoy con carácter de urgencia, ni tan siquiera a los ciudadanos de Mislata". Esquerra Unida también ha reclamado explicaciones al alcalde.