La presidenta vuelve a recomendar a López Viejo que haga pública su declaración de bienes
"Todos los políticos tenemos una obligación más allá de los ciudadanos", dice Aguirre
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha insistido hoy en que el ex consejero de Deportes, Alberto López Viejo, imputado en el caso Gürtel, debe hacer pública su declaración de bienes, y demostrar si se ha enriquecido o no ilícitamente mientras desempeñaba su labor al frente de la consejería.
Aguirre ha sido contundente en su declaración: "Todos los políticos tenemos una obligación más allá de la de los ciudadanos para que se sepa de manera fehaciente qué bienes teníamos cuando llegamos, qué bienes tenemos, qué diferencias se han producido, si ha habido incrementos patrimoniales y si estaban justificados". La presidenta ha comentado esto al salir de una reunión del PP madrileño en Ciempozuelos y ha añadido: "Al señor López Viejo le recomiendo esto y que ponga el acta notarial sobre sus bienes a disposición de todos".
La declaración de bienes del ex consejero de Deportes Alberto López Viejo, imputado en el caso Gürtel, que solicita el grupo socialista, avivó ayer un agrio debate en la Asamblea sobre cuestiones de forma. La reunión de la Junta de Portavoces centró gran parte del tiempo en discutir los requisitos para pedir la declaración del ex alto cargo. La tarde anterior, la Mesa de la Asamblea exigió a los socialistas que justificaran la petición. Ayer ni siquiera se debatió el fondo del asunto, pero ningún grupo se apeó de su posición.
A un lado los socialistas, apoyados por IU, reclaman poder acceder a la declaración que López Viejo envió al registro de altos cargos, que es público para los diputados. Ellos esgrimieron la resolución de la presidencia del 4 de junio de 2001 sobre el procedimiento de acceso a estas declaraciones, en la que no figura tener que justificar la petición. "El PP pretende proteger a López Viejo", sentenció el portavoz de IU, Gregorio Gordo. "Razonaremos la petición, pero es un sarcasmo", ironizó la portavoz socialista, Maru Menéndez. Del otro lado, el PP defendió que el requisito de argumentar la petición lo justifica un informe jurídico del secretario general, que no accedió a mostrar.
