El PSC pregunta al líder del PP en Badalona si está empadronado de forma irregular
Los populares plantean en el Parlamento extender la delación a la policía de inmigrantes 'sin papeles'
La polémica sobre el padrón se ha girado contra uno de los partidarios de delatar a los extranjeros sin papeles a la policía: el líder del PP de Badalona, Xavier García Albiol. El PSC hay exigido hoy a Albiol que explique públicamente "si está o no empadronado irregularmente" en la ciudad. El edil conservador vive en un barrio acomodado de Barcelona -según admitió él mismo hace unos días- y, sin embargo, vota habitualmente en un colegio electoral de Badalona, según los socialistas.
Albiol distribuyó, la semana pasada, un díptico que vinculaba al colectivo de gitanos rumanos con la delincuencia. "Han venido exclusivamente a delinquir", llegó a decir Albiol, lo que hizo que le llovieran críticas desde todos los partidos, incluido el suyo. En medio de la refriega, el jefe de la oposición de Badalona tuvo que admitir que, en realidad, no vivía en la ciudad, sino en un piso propiedad de su mujer en el barrio de Les Corts, en Barcelona.
En las últimas elecciones europeas del 7 de junio, según una nota difundida por el PSC, Albiol votó en un colegio de La Morera, en Badalona. Ante esa circunstancia, los socialistas se preguntan "cómo es que continúa ejerciendo su voto en la ciudad, tal como los interventores del PSC y los medios de comunicación han podido constatar".
Mientras la polémica por la inmigración se gira en contra de García Albiol, el PP catalán ha presentado una moción para generalizar a toda Cataluña las delaciones de inmigrantes irregulares que se inscriban en el padrón. Tras la estrategia de generalizar la norma vía mociones en los ayuntamientos -de momento sólo ha prosperado en Sant Andreu de Llavaneres (Maresme), donde se ratificó con el apoyo de CiU-, el PP irá más allá e intentará que el Parlamento autónomo la apruebe.
La propuesta del PP, aparte de denunciar a los inmigrantes irregulares que se inscriban en el padrón, pide más recursos para que los ayuntamientos gestionen la inmigración; también establece un contrato de integración en la que los foráneos se comprometan a cumplir las normas, respetar los valores y principios constitucionales, aprender las lenguas oficiales y pagar los impuestos.
