Los peritos niegan que Urquía escribiera el documento de la supuesta extorsión

Los peritos grafólogos de la Policía y Guardia Civil han exculpado hoy al que fuera titular del Juzgado de Instrucción 2 de Marbella Francisco Javier de Urquía de elaborar un documento que fue entregado después al empresario que supuestamente fue extorsionado por dos amigos del magistrado.

En la octava sesión del juicio que se celebra en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra Urquía y otros tres imputados, el Ministerio Fiscal ha elevado a definitivas sus conclusiones provisionales, en las que le pide dos años de cárcel, treinta de inhabilitación como juez o magistrado, uno de suspensión y multa de 8,1 millones de euros por la presunta autoría de dos delitos de prevaricación y cohecho.

Durante la presentación de las pruebas periciales para determinar la autoría de un documento que supuestamente A.F.A. entregó a Philippe Junot para que se lo diera a D.S., el empresario que denuncia la extorsión, los especialistas de la Guardia Civil han rectificado su primer informe, en el que acusaban a Urquía, y han asegurado que el juez no pudo ser su autor.

Según han dicho, aunque aparecen concordancias con la prueba que posteriormente se le practicó, son más numerosas las discrepancias, que en un principio no se observaron y que impiden que el juez sea el autor del texto, pero que apuntan a la posibilidad de que A.F.A. lo escribiera, a pesar de que la escritura es "contenida, lenta y que intenta desvirtuar".

Los peritos han argumentado su drástico cambio en el informe en la presión y la carga de trabajo que tienen, que hizo que la redacción fuera "precipitada", algo que ha sido muy criticado por la defensa de A.F.A., que incluso ha pedido la suspensión o anulación del juicio, aunque finalmente el Tribunal no lo ha estimado.

Al repasar el informe la pasada semana descubrieron, según han dicho, los errores que habían cometido y decidieron estudiar una fotocopia del papel de nuevo, tras lo que han visto que la escritura no coincide con la de Urquía.

Asimismo han dicho que ese texto y la prueba que se le hizo a A.F.A. también ha arrojado muchas discrepancias, pero que los trazos más espontáneos son convergentes, por lo que "es probable" que lo hiciera intentando disimular la escritura.

Han asegurado que no han hablado de la investigación con el alférez de la Guardia Civil que llevó el caso -al que la defensa de Urquía apunta como una pieza básica del "montaje"- aunque sí han reconocido que lo conocen.

Por su parte los peritos de la Policía Nacional han destacado la "falta de espontaneidad y sinceridad" que se deriva de este texto, que tiene intención de simulación, y que en ningún caso lo realizó Urquía porque no se han encontrado analogías con su escritura.

Sin embargo han dejado abierta la posibilidad de que sí lo hiciera A.F.A., aunque tampoco han podido confirmarlo con seguridad, debido a la simulación de la letra y a que está en un papel autocopiativo, que dificulta su peritaje.

En la sesión también ha declarado en calidad de testigo el Fiscal Anticorrupción de Málaga, Juan Carlos López Caballero, que ha afirmado que no conocía al administrador judicial que se nombró ni las retribuciones que tenía, aunque sí amparó la decisión de designar uno porque "tenía plena confianza en Urquía".

López Caballero ha manifestado que Urquía no comentó con él las condicones en las que se iba a producir su designación pero que en ese momento estimó que era necesario apoyar la decisión del por entonces instructor del caso Hidalgo.

Según el escrito de acusación del fiscal, que hoy ha elevado a definitivo, Urquía, aprovechando su competencia como instructor de esta causa, se puso de acuerdo con sus amigos I.M.L. y A.F.A. para obtener un beneficio económico a cambio de ofrecer favores judiciales, dado que éstos conocían a algunas de las personas afectadas por el procedimiento.

El Ministerio Público ha solicitado para Urquía multa de 36.000 euros y diez años de inhabilitación por cada uno de los dos delitos de prevaricación que se le imputan, así como multa de 8 millones y un año de suspensión de empleo o cargo público por un delito de cohecho y dos años de prisión y diez años de inhabilitación más por otro delito de cohecho.

Por su parte la acusación particular de D.S. ha retirado la petición por un delito de extorsión y las defensas de los imputados han elevado a definitivo sus escritos, en los que piden la libre absolución de sus clientes.