Los imputados del 'caso Brugal' a los que se exigió fianza depositan el dinero para eludir la cárcel
El juez de Orihuela encargado del asunto analiza si prorroga o levanta el secreto del sumario
Los tres imputados del caso Brugal para los que el juez fijó fianzas para eludir la prisión han depositado las cantidades exigidas, según ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano. Se trata del industrial afín al PP Ángel Fenoll, queha tenido que ingresar 300.000 euros; su hijo Antonio Ángel Fenoll, conotros 100.000 euros de fianza, yel empresario de la automoción Rafael Gregory, con la misma cantidad.
Fenoll, considerado por la investigación como el supuesto cabecilla de la trama en torno al negocio de la basura en la comarca alicantina de la Vega Baja, ya tuvo que abonar otra fianza de 100.000 euros para salir de la cárcel con motivo de su arresto por este sumario en mayo de 2007, cuando se iniciaron las pesquisas. Igual cifra tuvo que aportar su hijo Antonio Ángel. En aquella fecha, junto a Fenoll y su hijo fueron arrestados otras cuatro personas, entre ellas el concejal del PP de Albatera Javier Bru.
El magistrado instructor del caso Brugal, Carlos San Martín, no ha develado si prorroga o levanta el secreto del sumario, abierto en marzo de 2007 por los supuestos delitos de cohecho, fraude y tráfico de influencias. En la causa hay ya 15 imputados. Los últimos 11 a consecuencia de los arrestos de la segunda fase de la operación, desarrolla el pasado 5 de julio. Entre estos imputados figura, además de los imputados con fianza, el presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, del PP. El juez imputa a Ripoll los delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude, revelación de secretos y negociaciones prohibidas a los funcionarios. La imputación de Ripoll está relacionada con la adjudicación de las infraestructuras previstas en el plan zonal de basura de la Vega Baja. Este contrato lo adjudicó en enero de 2008 el consorcio zonal, órgano que preside Ripoll, a la UTE Cespa-Ortiz e Hijos. El empresario Enrique Ortiz es otro de los imputados de la causa.
Desde el comienzo de la investigación, el titular del Juzgado número 3 de Orihuela ha prorrogado el 14 de cada mes el secreto del sumario. En caso de que el magistrado haya adoptado hoy alguna resolución al respecto, no informará de ella hasta que sea comunicada a las partes, según informa el TSJ.
