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Archivada la denuncia contra Barberá por supuestas irregularidades en una entidad local

Compromís pidió a la fiscalía que investigara el presunto pago de actos electorales y trabajos no realizados por parte de la sociedad

El fiscal superior de la Comunidad Valenciana, Ricard Cabedo, ha archivado la denuncia del candidato de Compromís a la alcaldía de Valencia, Joan Ribó, contra la alcaldesa, Rita Barberá, por la presunta financiación de un acto electoral con dinero de la entidad municipal Centro de Estrategias y Desarrollo de Valencia (CEyD) mediante el pago a una empresa del Grupo Laterne que, además, habría cobrado por trabajos realizados. En la campaña electoral de 2007, este grupo organizó un acto para el PP en El Cabanyal y para ello subcontrató a Orange Market, empresa de la trama de corrupción Gürtel. Cabedo considera que no hay "nada fundado en que basar la posible existencia de conducta delictiva".

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Así lo señala en una resolución con fecha de 21 de febrero, de la que ha informado la formación Compromís, que pide a la Fiscalía que revise este archivo para no dar "una falsa sensación de impunidad", según ha señalado Ribó.

En la denuncia, el candidato de la coalición también pedía que se investigara al secretario de CEyD, Arturo Virosque, encargado de certificar las cuentas de la entidad, y al entonces administrador, Vicente Saéz. Cabedo explica en su escrito que en la denuncia de Compromís se señala que podrían haberse cometido delitos de falsedad documental, delito electoral, malversación de caudales públicos y prevaricación.

Asimismo, Ribó señalaba que CEyD aprobó sus cuentas de varios ejercicios "de espaldas" a la asamblea general y que, a pesar de ello, certificaron la aprobación la presidenta y el secretario. Agregaba que la asociación pagó a un empresario por "algo no realizado" y que era "plausible pensar" que con parte de ese dinero se pagaron actos electorales del PP.

El fiscal superior señala que afirmaciones que se dicen como "posibles" y "plausibles" se fundan "en interpretaciones a base de recortes de prensa que recogen informaciones, opiniones encontradas y diferencias políticas, recortes que van de junio a octubre de 2010", y que "frente a lo que unos dicen en esos recortes, otros dicen lo contrario". "Más allá de esa controversia, no hay nada fundado en que basar la posible existencia de conducta delictiva y procede por ello el archivo", señala el fiscal, que traslada a Ribó que puede ir a los tribunales en caso de no estar de acuerdo.

Ante esta decisión, Ribó ha presentado un escrito dirigido a Cabedo para que revise el archivo porque considera que las informaciones en las que se basaba la denuncia aludían a hechos "contrastados y objetivos fruto de una investigación periodística" y de la labor realizada por la actual delegada del Gobierno y entonces concejal del PSPV, Ana Botella.

Además, quiere que se "ponga en valor" que los hechos denunciados "están en relación con una serie de hechos investigados en otros organismos judiciales", en alusión al 'caso Gürtel', con un "modus operandi idéntico". En este sentido, recuerda que en otras ocasiones, Fiscalía ha actuado de oficio a partir de informaciones recogidas en prensa y sostiene que los hechos publicados "apuntan al menos a una falsedad documental fácilmente contrastable con la información del Registro Mercantil y las actas del CEyD".

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