El Síndic de Greuges alerta de que los recortes vulneran derechos de los ciudadanos
Ribó investigará la responsabilidad de la Administración en casos de desahucio
Chavales que se quedan sin instituto nocturno cerca de casa, retrasos de año y medio en la valoración de dependientes, suspensiones en el pago de las ayudas a la emancipación... "Los recortes presupuestarios y la descoordinación entre administraciones vulneran derechos de las personas". Es la alerta que ha lanzado esta mañana el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, en la presentación de su informe 2010. El balance de actuación de la institución pone el acento en tres aspectos: la vulneración de la igualdad de oportunidades en la educación, los retrasos en la aplicación de la Ley de Dependencia y la lentitud en la tramitación de subvenciones y ayudas en materia de vivienda.
Ribó no ha querido valorar qué resultados pueden tener los recortes anunciados por el actual Gobierno catalán. Sin sobresalir ni un milímetro de su papel institucional y con el parlamento como marco de la presentación, el síndic se ha limitado a contestar: "No me puedo pronunciar sobre la gestión de un gobierno que apenas lleva dos meses. Sí le pediré que tome buena cuenta" del informe 2010.
El defensor del pueblo catalán ha adelantado que la sindicatura ha abierto una investigación de oficio para aclarar la responsabilidad de las administraciones en casos de desahucio de familias de sus viviendas. Tampoco ha querido explicar más detalles, pero sí se ha referido a situaciones "urgentes" de personas que dependen de la llegada de una ayuda pública para evitar la pérdida de su piso. La vivienda es el segundo motivo de queja, después del funcionamiento de la administración pública y seguido de la aplicación de la ley de dependencia.
En 2010 el Síndic de Greuges atendió a más de 30.000 personas e inició 21.504 actuaciones, la mayoría de las cuales fueron consultas (71%), seguidas de quejas (26%) y actuaciones de oficio (0,5%). Entre los expedientes que han terminado con una resolución del síndic, el 74% de los casos han motivado una rectificación de la administración afectada.
